Un nuevo comienzo con viejos rostros
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, ha tomado una decisión sorprendente al integrar a su equipo de transferencia a un grupo significativo de funcionarios que han estado vinculados a las administraciones anteriores. En total, al menos 17 exfuncionarios provenientes de los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar formarán parte del equipo encargado de facilitar la transición hacia el nuevo gobierno.
A pesar de haber criticado abiertamente a los gobiernos anteriores durante su campaña electoral, Fujimori ha optado por rodearse de figuras que han sido parte del sistema político que ella misma cuestionó. De estos 17 funcionarios, 13 pertenecieron al gobierno de Boluarte, quien fue destituida por el Congreso tras un aumento alarmante en la criminalidad organizada.
Entre los nombramientos más destacados se encuentra el caso de Sergio González Guerrero, quien fue ministro de Producción durante la administración Boluarte. Su gestión estuvo marcada por críticas debido a la escasez de pota en el norte del país y acusaciones sobre pesca ilegal por parte de embarcaciones chinas. González ahora forma parte del equipo encargado del Ministerio de Producción bajo el liderazgo fujimorista.
El equipo también incluye a figuras como Augusto Eguiguren Praeli, actual presidente del directorio de Sedapal, y Hugo Castañeda Torres, director general en el mismo ministerio. Ambos fueron designados durante la administración Balcázar y ahora tendrán un papel crucial en la transición hacia el nuevo gobierno.
No obstante, esta elección no está exenta de controversia. La inclusión de personajes como Iván Pereyra Villanueva, quien tuvo un breve paso como gerente general en EsSalud antes de ser removido por presuntos actos corruptos, ha generado críticas tanto dentro como fuera del partido. Pereyra ha anunciado acciones legales contra quienes lo acusan.
A medida que se acerca la toma oficial del poder, alcaldes regionales han comenzado a hacer sentir sus demandas ante Fujimori. Durante una reciente reunión con los alcaldes Javier Ponce y Óscar Cáceres, se solicitó establecer una comisión investigadora sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno saliente. Esta petición refleja un deseo urgente por justicia y atención a las necesidades históricamente desatendidas del sur peruano.
A medida que avanza este proceso político lleno de matices y contradicciones, todos los ojos estarán puestos en cómo Keiko Fujimori manejará estas complejas dinámicas mientras intenta consolidar su autoridad frente a un legado complicado.
