Un gasto significativo en viajes presidenciales
José María Balcázar, el actual presidente del Perú, ha generado controversia tras revelarse que sus desplazamientos dentro del país han costado más de un millón de soles en apenas cuatro meses de gestión. Esta cifra, reportada por el programa “Cuarto Poder”, incluye no solo los costos directos de los vuelos, sino también el despliegue logístico necesario para llevar a cabo estas operaciones.
El total exacto asciende a S/1 millón 124 mil, un monto que no considera los gastos adicionales como el combustible utilizado por las aeronaves y la movilización del personal de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). De acuerdo con informes, Balcázar ha realizado un total de 19 vuelos, siendo Chiclayo su destino más frecuente, con once visitas a su región natal, Lambayeque.
No solo se ha utilizado el avión presidencial; Balcázar también ha recurrido a vuelos comerciales y aeronaves militares. En ocasiones, se han requerido helicópteros que deben ser transportados desde lugares lejanos como Vraem o Piura, lo que implica un considerable tiempo de vuelo adicional. Por ejemplo, cada traslado en helicóptero puede requerir hasta seis horas entre ida y vuelta.
Apenas diez días después de asumir la presidencia, Balcázar realizó un viaje a Chiclayo que costó alrededor de S/77 mil, incluyendo viáticos para él y sus ministros. En otra ocasión, se desembolsaron aproximadamente S/150 mil para cubrir el uso de helicópteros solicitados por su secretario general para viajar a Jaén.
A lo largo del mes de abril, la agenda del mandatario estuvo centrada en Lambayeque, donde se registraron cuatro viajes que sumaron un costo total cercano a S/166 mil 345. Estos desplazamientos coincidieron con feriados importantes y eventos electorales. Sin embargo, algunos críticos han señalado que hubo días sin actividades oficiales programadas durante estos viajes.
Los documentos relacionados con estos vuelos indican que cada operación consume alrededor de 11 mil litros de combustible. Esto representa un gasto adicional aproximado a S/224 mil 638, lo cual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera y ambiental del uso intensivo de recursos públicos para fines personales o políticos.
