Un cambio significativo en el financiamiento de partidos políticos
Las Elecciones Generales 2026 han traído consigo no solo nuevos representantes, sino también un cambio radical en la forma en que los partidos políticos recibirán financiamiento del Estado. Con más de S/222 millones destinados a seis agrupaciones políticas, el impacto financiero será notable en el próximo quinquenio 2026-2031.
Este monto representa un incremento del 185% respecto a los casi S/78 millones otorgados durante el período 2021-2026. Para aquellos partidos que vuelven a tener representación parlamentaria, el aumento supera incluso el 400%. Este cambio se debe principalmente a la reciente modificación legislativa que establece un sistema bicameral, permitiendo así que cada voto emitido cuente doble al ser considerado tanto para diputados como para senadores.
A partir de la Ley N.º 32254, aprobada en enero de 2025, se ha reestructurado cómo se calcula este financiamiento. Anteriormente, se consideraba únicamente los votos emitidos para una cámara unicameral; ahora, con dos cámaras, cada partido podrá acceder a recursos basados en su desempeño electoral en ambas elecciones. Esto significa que si una agrupación obtiene representación solo en una de las cámaras, aún podrá beneficiarse del financiamiento correspondiente a esos votos.
A pesar del optimismo por este aumento en los fondos públicos destinados a partidos políticos, expertos advierten sobre la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de control. José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, enfatiza que es crucial fortalecer las capacidades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para supervisar adecuadamente estos recursos y evitar su mal uso. “Si no se fortalecen los controles, se puede terminar festinando ese dinero”, advirtió Tello.
Por otro lado, José Manuel Villalobos, abogado especializado en derecho electoral, cuestiona esta nueva interpretación normativa y sugiere que debería considerarse solo la votación más alta obtenida por cada partido. “Debería ser por votantes y no por votos”, argumentó Villalobos. Esta perspectiva plantea preocupaciones sobre cómo este nuevo sistema podría afectar las finanzas públicas si no se regula adecuadamente.
A medida que nos acercamos al inicio del nuevo quinquenio, queda claro que este incremento significativo en el financiamiento público podría ser una oportunidad para fortalecer los partidos políticos peruanos. Sin embargo, también plantea riesgos importantes si no se implementan controles efectivos sobre cómo se utilizan estos fondos. La legislación actual exige que al menos el 50% del financiamiento sea destinado a actividades formativas y capacitadoras; sin embargo, esto dependerá de una correcta ejecución y supervisión.
