Una polémica decisión legislativa
El Congreso de Perú ha tomado una decisión que ha generado un intenso debate en la sociedad: permitir que los conductores sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol puedan recuperar su licencia de conducir. Esta medida, aprobada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por el congresista Juan Carlos Mori Celis, se formaliza a través del Proyecto de Ley 9490.
La iniciativa propone habilitar, de manera excepcional, el trámite administrativo para otorgar licencias de conducir a aquellos que han sido sancionados. Esto incluye a personas cuya licencia haya sido suspendida o cancelada debido a infracciones graves como conducir con alcohol en sangre o bajo efectos de drogas. La propuesta establece que esta norma estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.
A pesar del respaldo legislativo, la propuesta ha suscitado críticas contundentes. Expertos en transporte advierten sobre los riesgos que implica permitir que quienes han cometido infracciones graves vuelvan al volante. Roberto Vélez, gerente general de AMovernos, expresó su preocupación al señalar que esta medida podría poner en peligro la seguridad vial y favorecer a quienes ya han demostrado comportamientos irresponsables.
Vélez argumenta que la conducción no debe ser vista como un derecho absoluto, sino como una responsabilidad social. “Los accidentes son consecuencia directa de decisiones irresponsables”, afirmó. Por su parte, Adrián Revilla, presidente de Cruzada Vial, calificó la iniciativa como “gravísima” y advirtió sobre las implicaciones negativas que podría tener para la seguridad pública.
A pesar de las críticas, algunos defensores del proyecto argumentan que ofrecer una vía para regularizar licencias podría ayudar a reducir las infracciones acumuladas por los conductores. Sin embargo, muchos expertos consideran esta lógica peligrosa y contraria al objetivo principal: garantizar la seguridad vial.
A medida que este proyecto avanza hacia el Pleno del Congreso para su discusión final, queda claro que las opiniones están divididas. La posibilidad de flexibilizar las normas sobre conducción bajo influencia plantea interrogantes sobre cómo se prioriza la seguridad pública frente a los derechos individuales.
