Un cambio significativo en el sistema judicial
El Pleno del Congreso de la República del Perú ha tomado una decisión que podría transformar el panorama legal del país. En una votación que se llevó a cabo el 24 de junio de 2026, se aprobó un dictamen que permitirá que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas sean juzgados bajo el fuero militar-policial por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Esta medida, respaldada por 52 votos a favor, ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La norma establece un marco jurídico exclusivo para procesar a los efectivos de las fuerzas del orden, especialmente en situaciones de estado de emergencia. Además, introduce reformas al Código Penal Militar Policial y al Nuevo Código Procesal Penal, con el objetivo de clarificar las competencias entre la justicia ordinaria y la jurisdicción castrense.
A partir de esta reforma, ningún miembro de las fuerzas del orden podrá enfrentar juicios simultáneos en ambas jurisdicciones. Esto significa que si un caso es asumido por la justicia militar-policial, cualquier investigación pendiente en la justicia ordinaria deberá ser archivada.
A pesar del apoyo mayoritario, algunos legisladores expresaron su preocupación respecto a esta medida. La parlamentaria Ruth Luque, por ejemplo, cuestionó si esta nueva legislación podría contradecir estándares internacionales establecidos por la Corte Penal Internacional. En respuesta a estas inquietudes, integrantes del Bloque Democrático Popular han anunciado su intención de evaluar acciones legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir los efectos de esta norma.
No solo se han realizado cambios en el fuero militar-policial; también se han introducido modificaciones al Código Penal, específicamente sobre crímenes de lesa humanidad. El congresista Fernando Rospigliosi, quien sustentó esta propuesta, busca limitar el alcance legal relacionado con hechos ocurridos décadas atrás.
Aparte de esto, se establecen penas severas para aquellos policías o militares que colaboren con organizaciones criminales utilizando su posición. Las sanciones pueden oscilar entre 20 y 30 años de prisión e incluso cadena perpetua si dicha colaboración resulta en muertes.
A pesar del respaldo recibido durante la votación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había expresado preocupaciones sobre la proporcionalidad de las penas impuestas y cómo estas podrían afectar a los derechos humanos. Sin embargo, estos cuestionamientos fueron desestimados durante el proceso legislativo.
Con este nuevo marco normativo en marcha, queda por ver cómo impactará realmente en la relación entre las fuerzas del orden y los ciudadanos peruanos. La comunidad internacional también estará atenta a cómo se implementarán estas reformas y si cumplirán con los estándares globales establecidos para proteger los derechos humanos.
