Un panorama preocupante para la justicia peruana
En un contexto de creciente tensión política, el Congreso de Perú ha intensificado sus esfuerzos por desmantelar las estructuras de control judicial que podrían amenazar su agenda. En una reciente votación, se inhabilitó a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, con 69 votos a favor, tras haber denunciado irregularidades cometidas por varios congresistas en relación con la Ley 31473, que regula las remuneraciones de los militares retirados.
Este episodio no es aislado; refleja una estrategia sistemática del Congreso para eliminar a aquellos que se atreven a cuestionar su autoridad. En abril de este año, el juez Oswaldo Ordoñez fue objeto de un proceso similar cuando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificarlo después de que denunciara irregularidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este patrón recuerda momentos oscuros del pasado político peruano, como el caso del gobierno de Alberto Fujimori en 1997, donde se destituyeron magistrados del Tribunal Constitucional por oponerse a su reelección.
A medida que avanza su mandato, el actual Congreso ha mostrado una tendencia alarmante hacia la cooptación institucional. La designación politizada de miembros del Tribunal Constitucional en 2022 ha permitido archivar investigaciones contra figuras políticas prominentes como Keiko Fujimori, Dina Boluarte, y Daniel Urresti. Este tipo de maniobras pone en evidencia cómo el sistema judicial está siendo utilizado como herramienta para proteger intereses políticos.
Aparte del uso estratégico del poder legislativo, un informe reciente de Human Rights Watch destaca que más de la mitad de los miembros actuales del Congreso están bajo investigación por corrupción u otros delitos. Esta situación plantea serias dudas sobre la integridad y legitimidad del proceso legislativo y judicial en Perú.
A medida que se acercan las elecciones y se espera una posible pérdida de inmunidad parlamentaria en julio próximo, los congresistas parecen estar actuando con urgencia para asegurar su impunidad. La destitución forzada de Delia Espinoza y otros intentos similares son claros indicios del temor que sienten ante un sistema judicial que podría volverse contra ellos.
No cabe duda: lo que está ocurriendo en Perú es un asedio directo a la independencia judicial. La eliminación sistemática de adversarios dentro del sistema legal no solo socava los principios democráticos fundamentales sino que también establece un precedente peligroso para futuras generaciones. La comunidad internacional observa con preocupación cómo estos acontecimientos pueden afectar no solo al país andino sino también al estado democrático regional.
