Un dilema electoral en medio de la violencia
El distrito de Pataz, en la región de La Libertad, se encuentra sumido en una crisis de violencia que ha sido alimentada por la minería ilegal del oro. Con más de 600 atentados registrados contra trabajadores de mineras formales desde 2017, el panorama es desolador. Estos ataques, perpetrados con armas de guerra y explosivos, han convertido a esta zona en un campo de batalla donde operan entre cinco y siete bandas criminales que controlan numerosos socavones ilegales.
A pesar del contexto alarmante, las elecciones municipales se acercan y los únicos candidatos que se postulan para la alcaldía son figuras profundamente vinculadas a este problema. José Torrealva Iparraguirre, quien ya ocupó el cargo entre 2015 y 2018 bajo la organización Súmate por una Nueva Realidad, busca regresar al poder ahora con Podemos Perú. Por otro lado, Miguel Mantilla Rodríguez intenta su suerte nuevamente tras fracasos anteriores con Trabajo más Trabajo y Democracia Directa; esta vez lo hace bajo Alianza para el Progreso.
Torrealva Iparraguirre no solo ha sido alcalde; también es presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del distrito. Su influencia es notable: ha visitado el Congreso en 28 ocasiones entre 2023 y 2024 para abogar por ampliaciones en los plazos para la formalización minera. Sin embargo, su trayectoria está manchada por investigaciones relacionadas con minería ilegal y su conexión con empresas dedicadas al transporte y explotación del oro.
Por su parte, Mantilla Rodríguez también tiene un historial empresarial significativo. Es dueño o representante de cinco empresas relacionadas con operaciones mineras y transporte de carga. Junto a su hermano Segundo, quien figura como pequeño minero informal, ambos están involucrados en Marose Contratistas Generales S.A.C., una empresa dedicada a proveer personal y maquinaria para actividades mineras.
Dada esta situación, surge una pregunta inquietante: ¿son estos candidatos realmente capaces de abordar los problemas que enfrenta Pataz? La percepción general es que ambos representan intereses que perpetúan el ciclo de violencia e ilegalidad en lugar de ofrecer soluciones efectivas. En un contexto donde elegir entre lo malo y lo peor parece ser la única opción disponible, los ciudadanos deben reflexionar sobre las implicaciones que esto tiene para el futuro del distrito.
