Un llamado a la revisión de los acuerdos G2G
En un contexto donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha revelado que los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) superan los 30 mil millones de dólares, equivalente al 9% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, se plantea una urgente necesidad de revisión. Este monto representa casi dos años completos de inversión pública, lo que subraya la importancia crítica de estos contratos en el desarrollo infraestructural del Perú.
A medida que el gasto en remuneraciones crece un 12%, la inversión pública ha caído un 13%. Esta tendencia, reflejada en el presupuesto para 2026, ha llevado al MEF a tomar decisiones difíciles, como la paralización de proyectos esenciales bajo el esquema G2G. En 2025, se optó por no ampliar las asignaciones para varios proyectos destinados a prevenir inundaciones, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos futuros.
A pesar de que los G2G han demostrado ser eficaces en términos de calidad y velocidad en la ejecución, su uso indiscriminado sin reglas claras ha llevado a una situación caótica. La ausencia de criterios consistentes para decidir cuándo utilizar cada mecanismo ha resultado en una acumulación descontrolada de compromisos. Esto se ve agravado por la falta de una regla fiscal multianual explícita y por contratos aprobados sin evaluación técnica adecuada.
Desde Apoyo Consultoría se sugieren varias medidas clave para abordar esta problemática. Primero, es esencial establecer un techo vinculante para todos los compromisos relacionados con infraestructura. Cada nuevo proyecto debe ser evaluado frente a una regla fiscal clara antes de su inclusión en el presupuesto. Además, se propone utilizar el esquema G2G únicamente cuando sea necesario para compensar brechas específicas o acelerar proyectos críticos.
A medida que el nuevo Ejecutivo asume sus funciones, deberá decidir sobre el destino no solo de la Nueva Carretera Central sino también sobre seis acuerdos pendientes con diferentes países, incluido uno reciente adjudicado a China. La incertidumbre sobre si continuar con este modelo o adoptar otros mecanismos podría definir el rumbo infraestructural del país durante años venideros.
El Perú necesita urgentemente una política integral sobre infraestructura que contemple reglas fiscales explícitas y una institucionalidad robusta capaz de resistir cambios administrativos. Sin estos elementos fundamentales, cualquier mecanismo utilizado —ya sea G2G, APP u obra pública regular— seguirá siendo susceptible a problemas recurrentes como la parálisis y reinicio constante.
