Una emergencia sin precedentes
Perú se enfrenta a una crisis energética que no se había visto en dos décadas, según lo declarado por el ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi. La situación ha surgido tras la rotura de un ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), ubicada en Megantoni, Cusco, lo que ha llevado a una drástica reducción en el suministro nacional.
A partir del incidente ocurrido el pasado domingo, el país solo está logrando cubrir 70 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa apenas un 9% de su capacidad habitual, que es de 800 millones. Esta caída abrupta ha forzado al gobierno a declarar un estado de emergencia y a implementar medidas de racionamiento para gestionar la escasez.
Durante su intervención ante el Congreso, Victorino detalló las prioridades establecidas para el uso del gas natural. En primer lugar se encuentra el consumo residencial, seguido por los sistemas de salud y transporte masivo como el Metropolitano. “Se ha priorizado a las amas de casa”, afirmó Victorino, lamentando tener que restringir el suministro a los taxistas, quienes ahora deben recurrir a gasolina como alternativa.
A pesar del esfuerzo por restablecer el servicio, las condiciones geográficas y climáticas han complicado las labores. El personal técnico logró acceder al área afectada recién este miércoles debido a la dificultad del terreno; solo es posible llegar mediante helicóptero. Se estima que las reparaciones podrían tardar hasta diez días más, según declaraciones previas del exviceministro Pedro Gamio.
La crisis ya está teniendo repercusiones económicas severas. Alrededor de 1.000 empresas, tanto en Cusco como en Lima, han quedado sin acceso al gas natural y se ven obligadas a utilizar combustibles alternativos más costosos. Esto ha provocado una reducción del 90% en la disponibilidad del recurso y un impacto notable en la productividad industrial.
“Descarto que se esté exportando gramo alguno de gas”, enfatizó Victorino mientras aseguraba que todo el gas disponible se destina a reservas durante este periodo crítico.
A medida que avanza esta situación crítica, el Gobierno también ha decidido exonerar ciertos trámites legales para facilitar el uso de combustibles alternativos como GLP o diésel con la intención de mitigar aún más los efectos negativos sobre la economía nacional mientras se llevan a cabo las reparaciones necesarias.
