Un conflicto que se intensifica
La situación en el sector energético peruano se ha vuelto crítica tras la reciente declaratoria de fuerza mayor por parte de Transportadora de Gas del Perú (TGP). A pesar de esta medida, las empresas termoeléctricas e industriales están decididas a llevar a la compañía a los tribunales debido a los graves daños económicos que han sufrido.
Roberto Santiváñez, presidente de la Asociación de Consumidores del Gas (ACG), ha afirmado que las demandas serán presentadas bajo el marco contractual existente. “Serán demandas bajo el marco de los contratos, para quienes tengan contratos firmados con TGP”, explicó Santiváñez. Este anuncio llega en un momento en que las empresas afectadas evalúan los daños, que podrían ascender a más de 700 millones de dólares.
A pesar de la invocación de fuerza mayor, TGP no puede evadir su responsabilidad contractual. Según el contrato firmado con sus clientes, la empresa debe garantizar una disponibilidad del ducto del 99%. Sin embargo, durante un periodo crítico reciente, esta disponibilidad se vio comprometida durante más de 12 días, lo que representa un claro incumplimiento.
Los efectos colaterales del incidente no solo afectan a TGP; también impactan severamente al sector eléctrico nacional. Las empresas generadoras están enfrentando pérdidas significativas y anticipan una serie de demandas contra TGP por daños y perjuicios. “Van a haber muertos y heridos entre los generadores termoeléctricos”, advirtió Santiváñez.
Aparte de las demandas contractuales, existen otros mecanismos legales que las empresas pueden explorar para obtener compensaciones. Sin embargo, estos procesos son complicados y costosos. Aquellos sin contratos firmados podrían intentar acciones por responsabilidad civil extracontractual, aunque esto podría resultar difícil dada la cantidad de perjudicados.
Santiváñez también destacó la necesidad urgente de reformar el marco normativo del sistema de transporte gasífero en Perú. La falta actual de penalidades claras por incumplimientos en este sector contrasta con regulaciones más estrictas presentes en otras áreas como el transporte eléctrico.
A medida que avanza esta crisis legal y económica, TGP enfrenta presiones crecientes no solo desde sus clientes sino también desde organismos reguladores. La empresa ha solicitado oficialmente al organismo regulador Osinergmin declarar fuerza mayor sobre el incidente ocurrido en su ducto principal; sin embargo, muchos cuestionan si esto será suficiente para mitigar las consecuencias legales y financieras que se avecinan.
