Una nueva era en la comunicación comercial
El Gobierno del Perú ha dado un paso significativo en la lucha contra las llamadas y mensajes de texto no deseados al oficializar el Decreto Supremo N° 018-2026-MTC. Esta normativa, que entra en vigor con el uso obligatorio del prefijo 500, busca garantizar que todas las comunicaciones comerciales sean claramente identificables para los usuarios.
La medida se implementa como parte de la Ley N° 32323, aprobada recientemente por el Congreso, que tiene como objetivo principal proteger a los ciudadanos del acoso comercial. Con esta regulación, se espera aumentar la transparencia sobre quiénes están detrás de las ofertas y promociones que reciben los consumidores.
Las empresas de telecomunicaciones tienen un plazo de 180 días calendario para adaptar sus sistemas a esta nueva normativa. Durante este tiempo, deberán asegurarse de que cualquier llamada o mensaje publicitario muestre claramente el número completo comenzando con 500 XXX XXX. Esto permitirá a los usuarios identificar fácilmente el origen de las comunicaciones comerciales.
A partir de la implementación del prefijo, cada número dentro de esta serie será exclusivo para un único proveedor, lo que ayudará a evitar confusiones entre diferentes ofertas. Además, se llevarán a cabo campañas informativas junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para educar al público sobre este cambio.
La Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones será responsable de supervisar el cumplimiento de estas nuevas exigencias. La norma establece sanciones severas por infracciones relacionadas con la falta de visibilidad del código o la omisión en su trazabilidad. Estas medidas buscan asegurar que los consumidores tengan una experiencia más segura y transparente al recibir comunicaciones comerciales.
El MTC había presentado inicialmente una propuesta preliminar en octubre del 2025, donde se contemplaba un periodo mucho más corto para la adecuación. Sin embargo, tras diversas consultas y análisis, se decidió extender este plazo a seis meses para facilitar una transición más efectiva. El proyecto también incluye derechos adicionales para los usuarios, como poder devolver llamadas hacia canales específicos de atención al cliente.
A medida que avanza esta iniciativa, queda claro que el Gobierno peruano está comprometido con mejorar la calidad de vida digital de sus ciudadanos. Con estas reformas, se espera reducir significativamente las molestias causadas por las comunicaciones comerciales no solicitadas y fomentar un entorno más seguro en las telecomunicaciones.
