Una joya natural en riesgo
La laguna Huacachina, un emblemático oasis ubicado en Ica, enfrenta una creciente amenaza debido a las invasiones y construcciones ilegales que se están llevando a cabo en sus alrededores. Este paraje, conocido por su belleza paisajística y su importancia ecológica, se encuentra cada vez más cercado por actividades inmobiliarias que buscan aprovechar el atractivo turístico de la zona.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, como el Gobierno Regional de Ica, las ocupaciones ilegales han proliferado sin un control efectivo. Recientemente, se ha reportado la instalación de la asociación de vivienda Amigos de la Selva en áreas protegidas, lo que ha generado preocupación entre los residentes y defensores del medio ambiente.
La regidora Leydy Loayza ha sido una voz crítica sobre esta situación. En declaraciones a medios locales, advirtió que las invasiones no solo afectan el paisaje, sino que también ponen en riesgo el ecosistema local. «Las inmobiliarias están aplanando dunas con maquinaria pesada, destruyendo la belleza natural del lugar», afirmó.
A pesar de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por omisión de funciones contra funcionarios municipales, la respuesta ha sido limitada. Loayza ha enfrentado amenazas por su labor fiscalizadora y ha instado a las autoridades a actuar con firmeza para desalojar a los invasores. «Es fundamental que se aplique la ley; Huacachina es una reserva natural», enfatizó.
El exgobernador regional Fernando Cillóniz también ha expresado su preocupación por el avance descontrolado del negocio inmobiliario en Ica. Según él, este fenómeno no solo afecta al entorno natural, sino que también está vinculado a prácticas corruptas donde algunos funcionarios lucran con estas invasiones. «La ley debe ser respetada; si no hay acción por parte de las autoridades regionales, nadie más tomará medidas», señaló.
A medida que las invasiones continúan expandiéndose hacia áreas como Tierra Prometida, donde ya se han registrado incidentes violentos relacionados con el tráfico de terrenos, la situación se torna cada vez más crítica. Los habitantes locales han comenzado a tomar acciones propias para desalojar a los ocupantes ilegales, reflejando una crisis tanto social como ambiental.
No obstante, muchos residentes han vivido allí durante años y poseen títulos de propiedad legítimos. La falta de intervención efectiva por parte del gobierno agrava aún más esta compleja situación.
