Un nuevo enfoque ante la crisis climática
En un esfuerzo por enfrentar las inminentes amenazas del Fenómeno El Niño, el Gobierno ha implementado un innovador sistema denominado “Servicios por Impuestos”. Este mecanismo, que fue oficializado a través del Decreto de Urgencia N.º 010-2026, busca facilitar la financiación de servicios e inversiones esenciales para prevenir y mitigar los impactos de este fenómeno climático en el país.
Una de las características más destacadas de esta nueva normativa es la drástica reducción en los tiempos necesarios para llevar a cabo contrataciones. Mientras que anteriormente el proceso podía extenderse hasta 50 días hábiles, ahora se espera que se complete en menos de 10 días. Además, la formalización de convenios se acortará significativamente, pasando de 45 a solo 18 días.
El decreto permite realizar una serie de intervenciones críticas como la descolmatación de ríos, limpieza de cauces y reforzamiento de defensas ribereñas. Estas acciones son fundamentales para preparar al país ante posibles inundaciones y otros desastres naturales asociados con el fenómeno. Se estima que hasta el 31 de diciembre de 2027, este sistema estará operativo en todo el territorio nacional.
A pesar del enfoque acelerado en las contrataciones, el Gobierno ha asegurado que se mantendrán los estándares necesarios para garantizar la calidad y efectividad de las intervenciones. La Contraloría General de la República seguirá teniendo competencias sobre estas operaciones, aunque excepcionalmente no será necesario solicitar informes previos para su ejecución.
La decisión gubernamental responde a informes técnicos del ENFEN que advierten sobre una alta probabilidad de un evento extraordinario del Niño Costero entre septiembre y enero próximos. Ante esta situación crítica, han sido declarados en emergencia 893 distritos, principalmente ubicados en la costa norte y centro del país.
Bajo este nuevo esquema, las entidades públicas podrán contratar directamente a empresas privadas para llevar a cabo estas obras urgentes. La participación activa del sector privado es crucial para asegurar que se realicen las intervenciones necesarias antes del inicio esperado de intensas precipitaciones.
