Un panorama legal complicado
El exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, se encuentra en una situación jurídica compleja tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC). Este organismo anuló la orden de prisión preventiva que pesaba sobre él en el caso de presuntos “Aportes ilícitos a Perú Libre”, permitiéndole salir de la clandestinidad y regresar a un proceso judicial bajo condiciones restrictivas.
A pesar de este alivio temporal, Cerrón no puede relajarse. La justicia aún tiene una segunda orden de captura en su contra relacionada con el juicio oral por el caso del “Circuito Chupuro-Huasicancha”, donde es acusado junto a 21 coimputados por presunta colusión agravada. Esta situación lo mantiene en el ojo del huracán legal.
Luego de la anulación de su prisión preventiva, el Poder Judicial impuso a Cerrón medidas cautelares que incluyen una comparecencia restringida y un impedimento para salir del país durante un periodo que abarca casi dos años. Además, deberá pagar una caución económica de S/30 mil y presentarse cada 30 días ante las autoridades judiciales para firmar un cuaderno de control.
Estas restricciones son parte del proceso judicial que sigue abierto contra él, donde se le acusa no solo por los “Aportes ilícitos a Perú Libre”, sino también por otros casos relacionados con corrupción y lavado de activos. A pesar de haber estado prófugo durante más de dos años, Cerrón mantuvo una activa presencia en redes sociales, desafiando a las autoridades desde su escondite.
El Ministerio Público ha solicitado una condena severa para Cerrón: nueve años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante el mismo tiempo. Además, se ha requerido que pague más de S/3 millones como reparación civil solidaria al Estado peruano por los daños patrimoniales generados debido a sus acciones ilegales.
Las acusaciones giran en torno a irregularidades en la licitación del proyecto “Mejoramiento de la carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha”. A pesar de no contar con la aprobación necesaria del Ministerio de Economía (MEF), se facilitó un desembolso significativo a favor de la empresa beneficiada con el contrato, lo cual ha levantado serias sospechas sobre actos corruptos dentro del gobierno regional que lideró Cerrón.
A medida que avanza este proceso judicial, Vladimir Cerrón deberá enfrentar no solo las consecuencias legales derivadas de sus acciones pasadas, sino también las repercusiones políticas que podrían afectar su carrera futura. Con múltiples frentes abiertos en los tribunales y un creciente escrutinio público sobre su conducta como líder político, su camino hacia adelante parece estar lleno de obstáculos significativos.
