La controversia por la marcha en defensa de la democracia
En un giro inesperado para la agrupación política Juntos por el Perú, el Ministerio del Interior ha desestimado su solicitud de garantías para llevar a cabo una movilización programada en Lima. La marcha, que tenía como objetivo reunir a aproximadamente 5,000 personas, estaba prevista para el 19 de junio de 2026 y se titulaba «Marcha en Defensa de la Democracia».
Según la resolución emitida por la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías (DAEG), el partido liderado por Roberto Sánchez presentó su solicitud el mismo día en que se planeaba realizar la concentración, lo cual contraviene las normativas establecidas que requieren un aviso con al menos tres días hábiles de anticipación.
El documento fue presentado por Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal del partido, pero no cumplió con los plazos necesarios. Esta situación ha generado un clima tenso entre los organizadores y las autoridades locales.
A raíz de esta decisión, el Ministerio del Interior ha notificado a las fuerzas policiales para que tomen las medidas necesarias para mantener el orden público durante este periodo. Además, advirtió al partido que cualquier intento de llevar a cabo la marcha sin las debidas autorizaciones podría resultar en acciones sancionatorias administrativas.
No solo se cuestionó el procedimiento administrativo; también se hizo referencia al Acuerdo de Concejo N° 026, que declara ciertas áreas del Centro Histórico de Lima como «zona intangible» para manifestaciones que puedan comprometer la seguridad o salud pública. Este acuerdo limita las concentraciones masivas cerca de instituciones estatales y cuarteles militares o policiales.
La ruta planificada por Juntos por el Perú incluía atravesar avenidas clave como Alfonso Ugarte y Abancay, lo cual también fue considerado un factor crítico en la decisión ministerial. La normativa vigente establece restricciones claras sobre dónde pueden realizarse estas concentraciones políticas.
A medida que avanza este conflicto entre los derechos políticos y las regulaciones gubernamentales, queda claro que este episodio representa un punto crítico no solo para Juntos por el Perú sino también para otros partidos políticos que buscan expresar sus demandas en espacios públicos. La situación plantea interrogantes sobre cómo equilibrar los derechos constitucionales con las preocupaciones legítimas sobre seguridad pública.
