Un cambio radical en la gestión pública
El gobierno de Keiko Fujimori ha anunciado su intención de solicitar al Congreso facultades legislativas por un periodo de 120 días, una medida que podría transformar la forma en que se gestionan los trámites administrativos en el Perú. En su reciente mensaje a la nación, la presidenta abordó temas críticos como la inseguridad ciudadana y el impacto del fenómeno de El Niño, pero también presentó un borrador de ley que abarca cinco áreas clave para una reforma estatal ambiciosa.
Entre las materias propuestas se encuentran: el combate a la criminalidad y el fortalecimiento del sistema penitenciario; el apoyo a emprendedores y pequeñas empresas; la promoción del empleo y protección social; así como el desarrollo productivo e innovación. Sin embargo, uno de los puntos más destacados es la simplificación administrativa, un tema que afecta directamente a ciudadanos y empresarios.
La propuesta busca autorizar al Ejecutivo para modificar procedimientos administrativos, estandarizar y digitalizar trámites, fusionar o eliminar servicios innecesarios, y reducir plazos y costos asociados a actividades económicas. En un país donde abrir un negocio puede ser una odisea burocrática, esta reforma es vista como esencial para mejorar la eficiencia del Estado.
Además, se plantea revisar las tasas y cobros que las entidades públicas imponen por sus servicios. La idea es asegurar que estos sean proporcionales y razonables, lo cual contribuiría a una administración pública más coherente y eficiente. Esta revisión es fundamental no solo para aliviar la carga sobre los ciudadanos, sino también para garantizar que el Estado cumpla con su deber de servir a todos.
A pesar de que ya ha habido intentos previos por simplificar procesos administrativos, muchos consideran que esta nueva iniciativa debe ser discutida con urgencia en el Congreso. La delegación de facultades al Ejecutivo debe enfocarse en lograr resultados tangibles para los ciudadanos afectados por una burocracia excesiva. El éxito dependerá tanto del Parlamento como del gobierno actual en cumplir con este compromiso hacia una gestión pública más accesible.
