Un llamado a la defensa de la justicia
Los presidentes de las cortes superiores de justicia del Perú han emitido un contundente pronunciamiento exigiendo el «respeto absoluto» hacia la independencia y el criterio de los magistrados. Este llamado surge en respuesta a recientes intentos de amedrentamiento e injerencia por parte de actores políticos, quienes han interpuesto denuncias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En su declaración, los magistrados subrayaron que la independencia judicial es una garantía fundamental consagrada en el artículo 139, inciso 2, de la Constitución peruana. Este artículo prohíbe categóricamente cualquier tipo de interferencia por parte del Estado o actores sociales y políticos en el ejercicio autónomo del poder judicial.
“La independencia no es un privilegio personal del juzgador, sino un derecho esencial para asegurar una administración de justicia imparcial y transparente”, afirmaron los presidentes. Esta declaración resalta que cualquier cuestionamiento a las decisiones judiciales debe ser canalizado a través del sistema legal establecido.
Los presidentes también hicieron hincapié en que la administración de justicia no debe someterse ni responder a intereses políticos, económicos o mediáticos. “Prejuzgar o cuestionar decisiones basadas en interpretaciones legales vulnera abiertamente nuestra función jurisdiccional”, indicaron.
“Toda discrepancia con una decisión judicial debe resolverse mediante los recursos procesales previstos por ley”, añadieron.
A medida que se intensifican las tensiones entre el poder político y el sistema judicial, los magistrados instaron a todos los actores políticos y autoridades a abstenerse de cualquier acto que pueda considerarse como amedrentamiento o instrumentalización contra aquellos que cumplen con su deber constitucional. “Es vital salvaguardar nuestros derechos ciudadanos y mantener intacto el Estado Constitucional de Derecho”, enfatizaron.
Finalmente, reafirmaron su compromiso con una justicia independiente y sin presiones externas. Los presidentes manifestaron que cada magistrado tiene derecho a ejercer su función con absoluta neutralidad y objetividad, garantizando así un juzgamiento libre e imparcial.
