Demandas en el horizonte
El exdiputado de Fuerza Popular, Pier Figari, y el exsecretario general del partido, José Chlimper, se encuentran en una fase crucial de un proceso legal que podría marcar un precedente en la historia judicial peruana. Ambos están actualmente en la etapa de conciliación, un requisito previo a la presentación formal de sus demandas contra fiscales y jueces involucrados en el caso Lava Jato.
Según declaraciones del abogado de Figari, Pastor, esta fase es esencial antes de que cualquier demanda sea admitida por el Poder Judicial. La primera invitación a conciliación solo fue atendida por uno de los convocados, lo que ha llevado a programar una segunda cita para el 14 de septiembre. Si no se llega a un acuerdo durante esta reunión, las partes estarán listas para llevar su caso ante los tribunales.
Figari está reclamando una indemnización total de S/ 2 millones, argumentando que sufrió lucro cesante y daño moral debido a la persecución judicial que enfrentó. Por su parte, Chlimper busca una reparación económica de S/ 1.2 millones. Ambos alegan que las acciones tomadas por los fiscales y jueces fueron injustificadas y basadas en un delito que no existía al momento de sus acusaciones.
Paster también ha señalado que la responsabilidad no recae únicamente sobre los individuos implicados sino también sobre el Estado peruano. Según él, la Constitución establece claramente que el Estado debe reparar los errores judiciales cometidos por sus funcionarios. Esto plantea interrogantes sobre cómo se manejarán estas demandas en un contexto donde las instituciones han sido cuestionadas por su actuación.
Expertos legales como Enrique Ghersi han expresado dudas sobre si se logrará llegar a un acuerdo durante las audiencias de conciliación, sugiriendo que las posturas son irreconciliables. Además, advierten que aunque hay fundamentos para las demandas basados en decisiones previas del Tribunal Constitucional, demostrar error judicial será complicado.
A medida que avanza este proceso legal, tanto Figari como Chlimper enfrentan desafíos significativos para probar sus reclamos. Abogados especializados han indicado que no todas las decisiones anuladas generan responsabilidad civil para los magistrados involucrados; será necesario demostrar irregularidades claras o dolo para tener éxito en sus demandas.
