La suspensión de la colecta y sus implicaciones
El partido Juntos por el Perú se encuentra en medio de una controversia tras la decisión de su tesorera, Luzmila Ayay Casas, de suspender la recaudación de fondos destinada a financiar recursos de nulidad electoral. Este anuncio, realizado el pasado 15 de octubre, se produce solo tres días después de que el candidato presidencial Roberto Sánchez hiciera un llamado público a los ciudadanos para contribuir con donaciones que superaban los dos millones de soles.
A pesar del esfuerzo inicial para recaudar fondos, Ayay declaró que no se alcanzó la meta esperada y pidió a los simpatizantes del partido que detuvieran cualquier desembolso adicional. “No hemos puesto un monto. Vamos a parar. ‘Stop’, que no ‘yapeen’”, expresó durante una conferencia en Lima, dejando claro que se necesita una comunicación oficial sobre el futuro del dinero recaudado.
La situación se complica aún más debido a la habilitación de una cuenta personal a nombre de Ayay para recibir donaciones, lo cual ha generado inquietudes sobre la transparencia y legalidad del proceso. Expertos en derecho electoral advierten que mientras los fondos permanezcan en cuentas privadas, no podrán ser considerados como aportes oficiales sujetos a fiscalización por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Las opciones respecto al destino del dinero son variadas. Una posibilidad es devolverlo a los ciudadanos que contribuyeron; otra opción sería transferirlo a las cuentas oficiales del partido, lo cual requeriría emitir recibos correspondientes. Sin embargo, si se decide utilizar esos recursos para otros fines dentro del partido sin informar adecuadamente a los donantes, podría considerarse un comportamiento engañoso.
Los especialistas advierten que cualquier uso indebido podría acarrear responsabilidades legales e incluso acusaciones por estafa. Además, es importante recordar que Roberto Sánchez ya enfrenta un proceso penal relacionado con irregularidades en el financiamiento partidario anterior.
A medida que avanza esta crisis interna, tanto militantes como simpatizantes esperan una aclaración formal sobre cómo se manejarán estos fondos y qué medidas tomará Juntos por el Perú para asegurar la transparencia en sus operaciones financieras futuras.
