La Contraloría General de la República alza la voz
Guzmán Vera Coronel, portavoz y asesor legal de la Contraloría General de la República, ha revelado serias irregularidades en el proceso logístico de las elecciones generales del 12 de abril, señalando que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no solo falló en su deber, sino que también mostró una alarmante falta de preparación. Según Vera, se han emitido hasta 278 informes sobre el desempeño de la ONPE, destacando que al menos 33 informes abordan específicamente los problemas ocurridos durante el día crucial de las elecciones.
A medida que se acercaban las elecciones, se hizo evidente que la ONPE no había dimensionado correctamente sus necesidades logísticas. Guzmán Vera afirmó que “hubo negligencia” por parte del personal encargado, quienes no lograron identificar adecuadamente el número necesario de trabajadores para manejar el despliegue del material electoral. Esto resultó en un caos logístico donde vehículos destinados a transportar materiales salían con horas de retraso.
A diferencia del caos vivido en Lima, donde los problemas fueron evidentes y reportados, las regiones parecieron tener un manejo más efectivo gracias a un esquema diferente implementado por Galaga, la empresa contratada para distribuir el material electoral. En provincias, el proceso fue más fluido ya que las oficinas descentralizadas pudieron organizarse mejor con otros proveedores locales.
A pesar del aparente desorden, Vera Coronel indicó que están investigando posibles indicios de corrupción relacionados con la contratación de Galaga. La Contraloría está evaluando si hubo justificación suficiente para considerar a esta empresa como la opción más viable frente a otras con mayor capacidad logística y mejores ofertas económicas. “Si no hay justificación clara para esta decisión, podríamos estar hablando de un presunto favorecimiento”, advirtió.
Uno de los aspectos más preocupantes mencionados por Guzmán es cómo esta ineficiencia afectó directamente a los votantes. Se reportaron numerosas irregularidades relacionadas con cédulas perdidas y materiales electorales mal gestionados. La falta de un plan contingente adecuado dejó a muchos ciudadanos sin poder ejercer su derecho al voto correctamente.
A medida que avanza la investigación, queda claro que las responsabilidades podrían extenderse hasta el jefe actual de la ONPE, Piero Corvetto. Guzmán enfatizó que todos aquellos involucrados tienen una obligación funcional directa sobre lo ocurrido y deben rendir cuentas ante estas graves irregularidades.
La Contraloría ha comenzado un control posterior exhaustivo para determinar responsabilidades administrativas e incluso penales si se encuentran pruebas suficientes. Además, han instado a la ONPE a implementar medidas inmediatas para evitar repetir estos errores en futuras elecciones regionales y municipales programadas para octubre próximo.
