La defensa de la participación política
En un giro inesperado dentro del panorama político peruano, Roy Mendoza, vocero legal de Juntos por el Perú, ha salido en defensa de la inclusión de César Hugo Tito Rojas, exdirigente del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), en su partido. Durante una reciente entrevista en el podcast “Siempre a las 8”, conducido por Milagros Leiva, Mendoza enfatizó que Rojas tiene pleno derecho a participar en la política nacional.
Mendoza argumentó que la elección de Rojas como candidato responde a un proceso democrático interno, donde fue elegido por un grupo considerable de militantes. “Tito Rojas ha sido elegido democráticamente”, afirmó el abogado, subrayando que su postulación no fue influenciada directamente por el líder del partido, Roberto Sánchez.
A pesar de las críticas que ha recibido Juntos por el Perú debido a esta decisión, Mendoza insistió en que todos los ciudadanos tienen derecho a participar activamente en la política. “Como todo ciudadano tiene derecho a la participación política”, reiteró durante su intervención.
César Hugo Tito Rojas es conocido por ser uno de los primeros militantes del Movadef, una organización considerada como el brazo político de Sendero Luminoso. Este grupo ha intentado durante años obtener reconocimiento electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones. La presencia de Rojas en Juntos por el Perú ha generado un debate sobre los límites éticos y legales respecto a quiénes pueden ser candidatos políticos en el país.
A medida que se acercan las elecciones, esta controversia podría tener repercusiones significativas para Juntos por el Perú. La aceptación o rechazo público hacia figuras con antecedentes polémicos puede influir no solo en la imagen del partido, sino también en su desempeño electoral. Los votantes están cada vez más atentos a las trayectorias políticas y personales de quienes buscan representarlos.
Aunque Mendoza defiende firmemente la decisión tomada por su partido, queda claro que este tema seguirá siendo objeto de discusión entre analistas políticos y ciudadanos. La pregunta sobre si es apropiado permitir que personas con vínculos pasados con organizaciones extremistas participen activamente en la política sigue abierta.
