El gobierno presenta un decreto clave para bonistas agrarios
Este martes, el gobierno peruano dio un paso significativo al publicar un decreto supremo que establece nuevas metodologías para la actualización de los bonos relacionados con la deuda de la reforma agraria. Esta medida busca ofrecer claridad y soluciones a los bonistas que han estado esperando una resolución sobre sus derechos desde hace años.
Según el nuevo marco regulatorio, se implementarán dos metodologías distintas. La primera está destinada a aquellos bonistas que no han recibido ningún cupón, mientras que la segunda se aplicará a quienes sí han cobrado alguno. Manuel Villa-García, experto en soluciones de controversias del Estudio Olaechea, explicó que estos cupones representan pagos parciales tanto del capital como de los intereses acumulados anualmente.
El decreto también introduce cuatro modalidades diferentes para el pago a los tenedores legítimos de bonos. Estas incluyen:
- Bonos soberanos de libre transferencia.
- Entrega de tierras estatales.
- Canje por inversiones en sectores priorizados por el Estado.
- Pago en efectivo hasta S/100.000 en un plazo máximo de ocho años.
Aquellos que superen este monto podrán acordar un cronograma específico dentro del mismo plazo. Además, se permite combinar las diferentes modalidades, lo cual podría facilitar aún más la gestión del pago.
A pesar del avance representado por este decreto, Mario Seoane, abogado y asesor legal de la Asociación de Bonistas, subrayó la importancia de que el Tribunal Constitucional (TC) verifique si las fórmulas propuestas son correctas y cumplen con las sentencias previas. Recordó que en 2013 ya hubo discrepancias entre lo ordenado por el TC y lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La implementación del decreto abre dos escenarios importantes: uno para los bonistas involucrados en procesos judiciales o administrativos y otro aplicable a todos los bonos pendientes. Esto significa que el MEF deberá reabrir procedimientos para aquellos bonistas no incluidos anteriormente.
A pesar del optimismo generado por estas nuevas medidas, Villa-García advirtió que no se está cobrando el valor actual real de las tierras expropiadas; más bien, se está actualizando solo el valor nominal del bono entregado tras una valoración previa. Este aspecto es crucial dado que muchos bonistas podrían esperar compensaciones más justas basadas en valores actuales.
Finalmente, según lo estipulado en el documento oficial, el MEF tiene un plazo máximo de 120 días calendario para emitir una resolución ministerial relacionada con estos cambios.
