El Ministerio de Energía y Minas presenta su propuesta ante el Congreso
Este jueves 15 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), liderado por Guillermo Shinno, llevará al Congreso una propuesta que podría redefinir el panorama de la minería artesanal en Perú. La nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) busca establecer un marco normativo que permita a los mineros informales regularizar su situación antes del 31 de diciembre de 2028. Sin embargo, esta iniciativa ha suscitado un intenso debate entre expertos y representantes del sector.
La Ley MAPE pretende facilitar la formalización mediante la creación de una Ventanilla Única para simplificar trámites, así como incentivos para contratos de explotación. Según la viceministra del sector, esta legislación busca asegurar que los mineros puedan culminar su proceso de formalización bajo nuevas reglas claras, evitando que queden atrapados en inscripciones transitorias indefinidas.
A pesar de las intenciones declaradas por el gobierno, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) ha expresado su descontento. Su presidente, Máximo Adolfo Franco Bequer, ha calificado la propuesta como carente de sentido y advierte que podría llevar a muchos mineros a una situación aún más precaria tras un periodo temporal aparentemente favorable.
“Este proyecto termina el proceso de formalización”, afirmó Franco Bequer, sugiriendo que lo que se presenta como una solución podría convertirse en un nuevo obstáculo para los mineros informales.
Diversos especialistas han manifestado sus preocupaciones sobre los posibles efectos adversos de esta ley. Karina Garay, exfiscal especializada en delitos medioambientales, sostiene que se trata simplemente “de una nueva versión del Reinfo”, sin abordar problemas fundamentales como la trazabilidad del oro o el control sobre las plantas beneficiadoras. Para ella, es crucial contar con normativas claras que no favorezcan a quienes operan ilegalmente bajo el manto del proceso de formalización.
César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, coincide al afirmar que esta propuesta representa solo una ampliación disfrazada del régimen anterior. Según él, no se están abordando adecuadamente las problemáticas asociadas con las plantas dedicadas al lavado del oro ilegal.
A medida que la propuesta avanza hacia la Comisión de Energía y Minas presidida por Yenifer Paredes —quien ha mostrado apertura hacia los mineros informales— surgen interrogantes sobre cómo se desarrollará este debate legislativo. Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, advierte sobre los desafíos inherentes a lograr un consenso entre las partes interesadas. Con un plazo ajustado para su aprobación y una agenda política marcada por intereses diversos, será crucial observar cómo se maneja este delicado equilibrio entre regulación y apoyo a los mineros informales.
