Un panorama preocupante
En Perú, más del 70% de los empleos y cerca del 90% de las unidades productivas operan al margen de la formalidad. Esta alarmante cifra no solo refleja un desafío económico, sino que también pone en riesgo el bienestar social de millones de ciudadanos. La informalidad laboral se traduce en una drástica reducción de la recaudación fiscal, lo que limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales.
A nivel regional, los niveles de informalidad en Perú superan el promedio latinoamericano y son notablemente más altos que en otras economías emergentes con ingresos per cápita similares. Este contexto plantea interrogantes sobre las políticas públicas implementadas hasta ahora y su efectividad para abordar esta problemática.
Desde Videnza Instituto, se han presentado propuestas concretas para abordar la formalización entre 2026 y 2031. Se argumenta que no basta con obligar a los ciudadanos a cumplir con normativas; es fundamental hacer que la formalidad sea percibida como una opción racional y beneficiosa. Para ello, se proponen cuatro ejes estratégicos: simplificación y reducción de costos, beneficios visibles, inclusión financiera, y fiscalización inteligente e interoperabilidad institucional.
A raíz de las recientes encuestas electorales, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo sobre las propuestas de los principales partidos políticos en carrera. Aunque todos coinciden en la necesidad de simplificar trámites y reducir costos para fomentar la formalización, existen vacíos significativos en sus planes. Pocos abordan la interoperabilidad entre entidades estatales como un pilar fundamental para crear un ecosistema formal eficiente.
A excepción del partido Alianza para el Progreso, ninguna otra agrupación ha planteado una fiscalización inteligente que reemplace el enfoque punitivo actual. Por ejemplo, Ahora Nación propone fortalecer las capacidades de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), priorizando un enfoque coercitivo que podría desincentivar aún más a quienes buscan formalizarse.
Dada la persistente informalidad como uno de los principales problemas económicos del país, es imperativo que quien asuma el poder ejecutivo a partir de julio tenga voluntad política real para implementar estas propuestas. La situación actual exige acciones concretas y efectivas; solo así se podrá avanzar hacia un futuro donde la formalidad sea accesible y atractiva para todos los peruanos.
