Decisión gubernamental sorprende al sector minero
En medio de un clima político tenso y con la mirada del país puesta en las elecciones presidenciales, el gobierno de José Balcázar ha tomado una decisión que podría tener repercusiones significativas para la inversión privada en Perú. El Consejo de Minería ha decidido anular la autorización que permitía a Southern Copper iniciar la explotación del proyecto Tía María, ubicado en Arequipa. Esta medida se produce a pesar de que el megaproyecto, valorado en US$1.800 millones, había sido declarado de Interés Nacional.
La resolución emitida el 19 de marzo por el Consejo justifica su decisión alegando que Southern Copper no cumplió con dos observaciones críticas relacionadas con el diseño detallado de los botaderos y el cronograma de ejecución. Estas observaciones fueron consideradas esenciales para garantizar la viabilidad ambiental y operativa del proyecto.
A pesar del revés, expertos como Maria Cristina Alva, socia del área de minería en CMS Grau, sugieren que las observaciones son más formales que materiales. Esto implica que Southern Copper podría continuar construyendo mientras aborda las inquietudes planteadas por el Consejo.
Tía María tiene potencial para producir 120 mil toneladas anuales de cátodos de cobre utilizando tecnología ESDE, lo cual minimizaría los relaves generados durante su operación. Según estimaciones, este proyecto podría generar hasta $20.200 millones en exportaciones y aproximadamente $4.600 millones en impuestos durante sus primeros 20 años.
No obstante, la decisión también ha suscitado críticas sobre la burocracia gubernamental. Oswaldo Tovar, consultor en minería, expresó su frustración al señalar que las entidades involucradas están ubicadas físicamente cerca pero parecen incapaces de coordinarse eficientemente.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, algunos analistas sugieren que esta pausa podría estar motivada por razones políticas más que técnicas. La intención del gobierno podría ser congraciarse con las comunidades locales antes de las elecciones presidenciales, donde la percepción pública juega un papel crucial.
A pesar del revuelo generado por esta decisión, Southern Copper ha manifestado su intención de dialogar con el gobierno para aclarar los motivos detrás del congelamiento del proyecto. La empresa asegura que esta situación no afectará significativamente sus operaciones actuales ya que aún no han comenzado la fase de explotación.
A medida que se avanza hacia una posible resolución sobre las observaciones planteadas por el Consejo, queda por ver cómo afectará esto a los planes futuros tanto para Southern Copper como para la economía local y nacional. Con más del 30% del proyecto ya construido y una inversión inicial superior a US$800 millones, todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrollarán los próximos pasos en este complejo escenario minero.
