Un panorama electoral marcado por la pobreza
Las elecciones generales de 2026 en Perú se perfilan como un punto crucial para abordar uno de los problemas más persistentes del país: la pobreza. Tras una década de avances significativos, donde la tasa de pobreza se redujo del 60% al 20% en 2019, el impacto devastador del Covid-19 ha revertido gran parte de esos logros. Según proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), se espera que para el año 2024, la pobreza aún supere los niveles previos a la pandemia.
En este contexto, un total de 21 partidos políticos han presentado planes que incluyen la creación de nuevos programas sociales y bonos, buscando mitigar el impacto económico en las familias más vulnerables. Estas iniciativas abarcan desde mejoras en los programas sociales existentes hasta propuestas innovadoras como el ingreso básico garantizado para adultos mayores, planteado por Perú Libre.
A pesar de las medidas asistencialistas, solo 16 planes destacan la importancia de fomentar la inversión privada como clave para reducir la pobreza. Partidos como Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular abogan por esquemas de colaboración público-privada que busquen cerrar brechas en infraestructura y servicios básicos. Este enfoque contrasta con otros partidos que proponen una mayor intervención estatal y sustitución de inversiones privadas.
La situación no es homogénea a lo largo del país; regiones como Lima Metropolitana y Callao han visto un aumento alarmante en sus tasas de pobreza urbana, triplicándose entre 2015 y 2024. Esto resalta no solo la necesidad urgente de políticas efectivas, sino también el desafío adicional que representa asegurar servicios públicos básicos adecuados. La insatisfacción ciudadana ha crecido notablemente: mientras que en 2012 el 40% estaba satisfecho con servicios médicos, educativos y carreteras, esta cifra ha caído al 23%.
A medida que nos acercamos a las elecciones, queda claro que los nuevos líderes tendrán un papel fundamental en definir estrategias efectivas para combatir la pobreza. Con una proyección que sugiere una posible reducción a 25.6% si se logra fomentar un clima favorable para los negocios e incrementar la inversión privada, el próximo gobierno deberá priorizar medidas concretas que aseguren tanto crecimiento económico como calidad en los servicios públicos.
