Un análisis crítico del gasto estatal
En el contexto actual de la economía peruana, surge un debate crucial sobre el tamaño y la eficiencia del Estado. A pesar de que el gasto público total representa aproximadamente el 20% del Producto Bruto Interno (PBI), esta cifra se encuentra por debajo de la media regional y es apenas la mitad de lo que se observa en los países de la OCDE. Este escenario plantea interrogantes sobre si realmente es necesario reducir el tamaño del Estado o si, por el contrario, se requiere una reestructuración más profunda.
La recaudación tributaria, otro indicador clave, también presenta cifras preocupantes. La informalidad en la economía ha contribuido a que los ingresos fiscales sean insuficientes para cubrir las necesidades crecientes del país. Esto ha llevado a sucesivos gobiernos a tomar decisiones erróneas respecto al manejo de los recursos públicos.
Un informe reciente del Consejo Peruano de Competitividad (CPC) revela que entre 2021 y 2026, el gasto en planilla pública alcanzará los S/389.670 millones, lo que representa un aumento del 41% respecto al quinquenio anterior. Si se consideran también los gastos en consultorías y servicios externos, este incremento podría llegar casi al 50%. Este crecimiento resulta alarmante cuando se financia con ingresos extraordinarios derivados de altos precios internacionales de minerales como el cobre y el oro.
Uno de los aspectos más llamativos es el aumento desmesurado en los gastos relacionados con el Congreso de la República. En un periodo relativamente corto, esta institución ha visto casi duplicarse sus gastos en personal y obligaciones sociales. Sin embargo, las tasas bajas de aprobación ciudadana sugieren que este incremento no ha mejorado significativamente su desempeño legislativo ni su capacidad fiscalizadora.
No obstante, no se trata simplemente de reducir indiscriminadamente el tamaño del Estado. El Perú enfrenta desafíos urgentes que requieren mejoras significativas en áreas como salud, educación e infraestructura. Es fundamental priorizar una gestión eficiente del gasto público antes que realizar aumentos presupuestarios sin una evaluación adecuada de resultados.
A medida que la ciudadanía demanda justicia social y mejores servicios públicos, queda claro que cualquier aumento en el gasto debe estar respaldado por métricas claras y resultados tangibles. La sostenibilidad fiscal está en juego; si no se toman medidas responsables ahora, las futuras generaciones podrían enfrentar serias dificultades para mantener a flote instituciones esenciales como la policía o las escuelas.
