Un panorama electoral incierto
Las elecciones de 2026 en Perú se perfilan como un momento crucial para abordar problemas que han sido ignorados durante años. Entre ellos, la minería ilegal y la creciente inseguridad ciudadana destacan como dos de los desafíos más apremiantes que enfrentará el próximo gobierno.
Según un informe reciente, las economías ilegales, que incluyen actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando, generaron más de US$10 mil millones en ventas en 2024. De esta cifra, casi tres cuartas partes provienen de la minería ilegal. Este fenómeno no solo afecta a la economía formal del país, sino que también ha contribuido al aumento de la violencia y el crimen organizado.
A pesar de la gravedad del problema, solo seis partidos políticos —el Partido Morado, Somos Perú, APRA, Fuerza y Libertad, Perú Acción e Integridad Democrática— han propuesto eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o establecer plazos definitivos para su implementación. En contraste, 27 de los 35 partidos analizados se enfocan principalmente en medidas punitivas sin ofrecer soluciones integrales.
Apenas cinco partidos han considerado fortalecer la colaboración entre las entidades encargadas de combatir la minería ilegal. Además, solo cuatro han planteado iniciativas para desarrollar alternativas económicas en las zonas afectadas por estas actividades ilícitas. Esta falta de propuestas coordinadas pone en evidencia una grave deficiencia en las estrategias políticas actuales.
La inseguridad se ha convertido en una preocupación central para los ciudadanos peruanos. Las denuncias por extorsión han aumentado drásticamente; desde 2022 se multiplicaron por diez. A pesar de que 34 planes gubernamentales incluyen propuestas para enfrentar este problema —desde construir más cárceles hasta incorporar tecnologías avanzadas— pocos abordan las raíces del conflicto o fomentan una colaboración efectiva entre las instituciones responsables.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha señalado siete ejes clave necesarios para enfrentar estos desafíos: formalización efectiva, trazabilidad del oro, interdicción permanente y desarrollo alternativo son solo algunas áreas críticas que requieren atención inmediata. Sin embargo, muchos partidos no presentan propuestas que aborden siquiera seis de estos ejes fundamentales.
A medida que nos acercamos a las elecciones del próximo año, queda claro que el futuro del país depende no solo del compromiso político con estas problemáticas sino también de una visión integral capaz de articular esfuerzos entre diversas instituciones y sectores sociales. La expansión descontrolada del crimen organizado y sus consecuencias sobre el desarrollo nacional exigen respuestas rápidas y efectivas si se desea evitar un deterioro aún mayor en la calidad de vida de los peruanos.
