Un día que debería haber sido histórico
El pasado 12 de abril, Perú se enfrentó a una de las jornadas electorales más desalentadoras de su historia reciente. Más de 63.000 ciudadanos se encontraron con un escenario desolador: sus mesas de votación no abrieron, dejándolos sin la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Este hecho no solo representa una falla logística monumental, sino que también pone en tela de juicio la integridad del proceso democrático en el país.
La indignación fue palpable entre aquellos que llegaron con la esperanza de participar en la elección presidencial. Muchos se marcharon decepcionados, sintiendo que su voz había sido silenciada por un sistema que parece no valorar cada voto como lo merece. La respuesta del Jefe de la ONPE, quien minimizó el impacto al afirmar que no habría multas para quienes no votaron, solo avivó el fuego del descontento. ¿Es el dinero realmente lo único que importa?
No se trata simplemente de un incidente aislado; este evento es un claro reflejo de una cultura institucional donde la mediocridad parece haberse normalizado. Cuando se acepta como algo habitual que decenas de miles de personas queden fuera del proceso electoral sin justificación, estamos enviando un mensaje peligroso: hay ciudadanos cuya participación puede ser ignorada.
Cada elección va más allá del simple acto de elegir autoridades; es una oportunidad para reafirmar la confianza en el sistema democrático. Sin embargo, cuando ocurren fallas tan graves como esta, lo que se pierde es mucho más que un resultado electoral: se erosiona la legitimidad del sistema y se fractura la cohesión social.
A medida que los peruanos reflexionan sobre este episodio, surge una pregunta inquietante: ¿qué significa realmente nuestra democracia si permitimos que situaciones como esta ocurran sin consecuencias? La necesidad urgente es reformar las instituciones para garantizar procesos electorales transparentes y accesibles para todos los ciudadanos.
