Un regreso escolar marcado por la incertidumbre
El inicio del año escolar 2026 se presenta como un desafío monumental para el sistema educativo peruano. Más de un millón de escolares se preparan para regresar a aulas que, según informes recientes, están en riesgo inminente de colapso. Esta situación pone en tela de juicio la capacidad del Estado para garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.
A pesar de los esfuerzos realizados a través del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), aprobado en 2017 con la ambiciosa meta de reducir la brecha educativa en un 60% para 2025, los resultados han sido decepcionantes. Al cierre del año pasado, la brecha se amplió a S/172.000 millones, lo que representa un incremento del 25% respecto al estimado inicial.
Casi el 48% de las instituciones educativas públicas requieren ser demolidas debido a su estado crítico. Esto afecta directamente a aproximadamente 1,2 millones de estudiantes, es decir, uno de cada cinco matriculados en colegios públicos. En regiones como Cajamarca y Puno, el costo por alumno para cerrar esta brecha asciende a S/43.000 y S/44.000 respectivamente, lo que refleja una disparidad alarmante entre las distintas áreas del país.
A medida que las escuelas públicas se vuelven inhabitables, muchas han tenido que recurrir al uso de módulos prefabricados temporales. En Lima Metropolitana, uno de cada cinco colegios utiliza estas estructuras improvisadas; sin embargo, más del 50% fueron instaladas antes de la pandemia y solo el 15%% está en buen estado. Este fenómeno es especialmente prevalente en distritos vulnerables como Pachacamac y Carabayllo.
No solo la infraestructura es deficiente; también persisten grandes brechas en el acceso a servicios básicos. Para 2025, solo el 22%% de los colegios públicos rurales contarán con acceso adecuado a agua potable, electricidad y saneamiento básico. En contraste, el acceso urbano ha mejorado ligeramente durante la última década.
A esto se suma una preocupante falta de equipamiento tecnológico: cerca del 20%% de las computadoras y laptops utilizadas en primaria y secundaria están inoperativas. Esta situación agrava aún más la desigualdad entre colegios privados y públicos.
A pesar de que recientemente se aprobó una extensión del PNIE hasta 2028, muchos expertos advierten que sin una estrategia clara y efectiva para invertir y mantener estas infraestructuras educativas no habrá avances significativos. La alta rotación ministerial ha obstaculizado cualquier intento por implementar políticas sostenibles.
Asegurar condiciones mínimas adecuadas para los colegios es esencial si se desea ofrecer educación pública de calidad que beneficie tanto a los estudiantes como al país en su conjunto. Con el inicio del nuevo ciclo escolar ya sobre nosotros, queda claro que hay mucho trabajo por hacer para garantizar un futuro educativo más prometedor.
