La minería ilegal se dispara en Perú
Las denuncias por minería ilegal en Perú han más que duplicado su número en los últimos años, un fenómeno que coincide con cambios legislativos que podrían estar afectando la seguridad jurídica del sector. Según datos del Ministerio Público, las denuncias pasaron de 1,200 en 2021 a más de 2,600 en 2025, lo que refleja una creciente preocupación entre los inversores y las autoridades.
Recientemente, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó una serie de reformas que incluyen la eliminación de la irrevocabilidad de los contratos mineros y una drástica reducción del plazo para las concesiones mineras, pasando de 30 a solo 15 años. Estas medidas han generado un clima de incertidumbre que podría estar favoreciendo el crecimiento descontrolado de actividades mineras ilegales.
El tiempo requerido para desarrollar un proyecto minero formal ha aumentado significativamente. En Perú, se estima que un proyecto puede tardar hasta 62 años en iniciar producción, especialmente para minas de cobre. Este prolongado proceso está condicionado por exigencias regulatorias complejas y largas etapas de exploración. Por ejemplo, el 60% del tiempo total se dedica a obtener permisos ambientales y realizar diálogos sociales necesarios antes de comenzar cualquier actividad extractiva.
A medida que aumenta la inseguridad asociada al sector minero —un riesgo considerado crítico por el 64% de las empresas encuestadas— también lo hace el atractivo para la minería ilegal. La falta de protección jurídica para las concesiones formales no solo desincentiva nuevas inversiones sino que también abre espacios a actividades ilícitas que contaminan y generan violencia.
A pesar de contar con más del 40%% del territorio nacional disponible para nuevas concesiones mineras, el enfoque legislativo actual parece centrarse erróneamente en áreas ya concesionadas. Esto podría llevar a una mayor ocupación por parte de operaciones ilegales, debilitando aún más al sector formal y sus posibilidades de atraer inversión extranjera.
Dada esta situación crítica, es fundamental que el Congreso revise su enfoque hacia la minería. En lugar de endurecer condiciones ya difíciles, debería buscar mecanismos para fomentar un entorno favorable a las inversiones formales. Esto no solo ayudaría a dinamizar la economía peruana sino también contribuiría a reducir la pobreza y aumentar los ingresos fiscales mediante impuestos adecuados sobre actividades legales.
