Un paso decisivo en la protección social de los docentes
Este jueves, el pleno del Congreso tomó una decisión trascendental al aprobar por insistencia un conjunto de proyectos de ley que buscan garantizar pensiones adecuadas para los maestros jubilados y cesantes. A pesar de las advertencias del Gobierno sobre el impacto fiscal que esta medida podría acarrear, la votación se llevó a cabo con un abrumador apoyo: 82 votos a favor, sin opositores y solo tres abstenciones.
La norma había sido observada anteriormente por la administración de Dina Boluarte, que alertó sobre los altos costos fiscales que implicaría para el Estado. Según estimaciones del Consejo Fiscal, este aumento podría representar un gasto adicional de S/5.600 millones anuales. Sin embargo, durante el acalorado debate en el Pleno, varios congresistas defendieron la necesidad de ofrecer un tratamiento similar al que se otorgó recientemente a las fuerzas armadas y policiales.
Con esta nueva legislación, se establece que los maestros jubilados recibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, lo cual asciende a S/3.500. Actualmente, hay aproximadamente 162.000 maestros jubilados, quienes perciben una pensión promedio de solo S/800 mensuales.
A pesar del aumento significativo en las pensiones proyectadas, desde el Congreso aseguran que no habrá un gasto adicional para el erario nacional. La fuente de financiamiento provendría principalmente de impuestos cobrados a instituciones educativas privadas y del impuesto sobre la renta aplicado a docentes activos. Esto ha generado opiniones divididas entre los legisladores sobre la viabilidad económica de la medida.
La finalidad principal del proyecto es asegurar que todos los docentes jubilados puedan contar con una pensión adecuada que les permita cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno. Ana Zegarra, vicepresidenta de la Comisión de Economía y defensora del proyecto, subrayó: «A través de esta ley buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros educadores, quienes son responsables por la formación académica de más de seis millones de estudiantes en todo el país.» El monto final será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación.
