Un panorama incierto para los consumidores
La reciente escalada en los precios internacionales del petróleo ha generado una ola de incertidumbre en el mercado de combustibles, afectando directamente a los consumidores. Desde finales de febrero, el conflicto entre EE.UU. e Irán ha desestabilizado la oferta global, llevando el precio del barril a más de 100 dólares, un incremento notable desde los 69 dólares que se registraban anteriormente.
Este aumento no solo se debe a la tensión geopolítica, sino también a interrupciones en el suministro de gas natural y una creciente demanda de combustibles líquidos. En marzo, los precios promedio de venta al público del diésel y las gasolinas se dispararon hasta un 27% en comparación con enero y febrero, lo que ha llevado a muchos hogares y empresas a replantear sus presupuestos.
Ante esta crisis, el gobierno ha recurrido históricamente al uso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y devoluciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Sin embargo, estas medidas han sido objeto de críticas debido a su alto costo fiscal. Desde 2004 hasta 2025, el FEPC acumuló una deuda superior a S/18 mil millones, concentrándose principalmente en diésel y GLP.
Apenas en 2022, las medidas adoptadas por el gobierno costaron más de S/4.200 millones, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad financiera del país. Además, estudios indican que solo un 30% del subsidio otorgado realmente beneficia al consumidor final, dejando a muchos hogares vulnerables sin apoyo adecuado.
A pesar del contexto adverso, existen programas como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que buscan ofrecer soluciones más focalizadas. El programa Bonogas ha permitido que más de 1.7 millones de hogares accedan al gas natural desde 2016; sin embargo, su presupuesto reducido limita su capacidad para expandirse aún más.
A medida que las autoridades enfrentan este nuevo desafío económico, es crucial priorizar mecanismos más efectivos y menos costosos para evitar comprometer aún más las finanzas públicas. La experiencia pasada con situaciones similares debería servir como lección para implementar políticas que realmente beneficien a quienes más lo necesitan.
