Un crecimiento significativo en el gasto público
En los últimos años, el Estado peruano ha experimentado un notable incremento en su gasto público, alcanzando más de S/ 1.000 millones entre agosto de 2021 y julio de 2026. Este monto representa un aumento del 39% en comparación con el quinquenio anterior, donde se gastaron S/ 736.889 millones.
Dentro de este contexto, el gasto destinado a la planilla ha sido uno de los principales motores del crecimiento, con un incremento del 41%, pasando de S/ 277.114 millones a S/ 389.670 millones. Este aumento no solo refleja una mayor inversión en recursos humanos, sino también una tendencia preocupante sobre cómo se distribuyen estos fondos entre las diferentes entidades gubernamentales.
El análisis revela que los Gobiernos Regionales han sido los más beneficiados, con un asombroso aumento del 58%. En contraste, los Gobiernos Locales y el Gobierno Nacional vieron incrementos más modestos del 40% y 29%, respectivamente. Entre las instituciones que más han aumentado su gasto se encuentran el Congreso de la República (93,5%) y la Contraloría General (65,9%).
A medida que se proyecta hacia el futuro, se espera que el gasto total relacionado con la planilla y otros servicios como consultorías crezca aún más. Se estima que para 2026, este monto podría alcanzar hasta S/ 114.902 millones, lo que representaría un incremento del 48,6%.
A pesar del crecimiento significativo en el gasto estatal, surgen interrogantes sobre si este aumento realmente se traduce en mejoras tangibles para la población peruana. Expertos advierten que aunque el costo operativo del Estado está aumentando considerablemente, esto no necesariamente implica una mejora en la calidad de los servicios públicos ofrecidos.
"El problema no es cuánto cuesta el Estado, sino qué recibimos a cambio", afirma David Tuesta.
A medida que las presiones sobre las finanzas públicas continúan creciendo, es crucial evaluar cómo se están utilizando estos recursos adicionales. La combinación del gasto en planilla junto con consultorías y locación de servicios ofrece una perspectiva más clara sobre la eficiencia operativa del Estado y su capacidad para implementar nuevas políticas públicas efectivas.
