Un panorama financiero complicado
La situación económica de Alianza Lima ha generado preocupación entre sus aficionados y socios. En una reciente reunión, la administración del club, encabezada por Alfredo Arosemena, reveló un déficit de 25 millones de soles. Este desfase ha sido atribuido a varios factores que han dejado a la directiva en una posición delicada.
De acuerdo con las informaciones filtradas, el déficit se compone de gastos significativos: 8.5 millones de soles en adelantos a proveedores, 9.6 millones de soles en gastos operativos acumulados hasta 2026 y un préstamo controversial por 7.1 millones de soles, otorgado por la administración anterior bajo condiciones poco favorables.
Este préstamo, que se solicitó con un interés del 15%, ha suscitado críticas debido a su alto costo para el club. La actual gestión busca refinanciar esta deuda a un interés más manejable del 8%.
Aparte del déficit mencionado, otro factor que ha impactado las finanzas del club es el costo asociado a las denuncias legales contra tres jugadores: Miguel Trauco, Carlos Zambrano, y Sergio Peña. Las consecuencias legales derivadas de estas acusaciones han costado al club aproximadamente 6.2 millones de soles, lo que incluye la rescisión de contratos y otros gastos relacionados.
No solo los gastos directos han sido motivo de controversia; también se ha cuestionado la relación entre la administración actual y Gabriel Sapio, representante del delantero Paolo Guerrero. Se reveló que Sapio recibió pagos por asesorías externas durante la gestión anterior, lo cual plantea dudas sobre posibles conflictos de interés.
A pesar del alarmante déficit, Arosemena asegura que Alianza Lima no está en quiebra ni crisis. En declaraciones recientes, afirmó que “todas las cuentas están garantizadas” y que los proveedores están al día con sus pagos. Sin embargo, reconoció que el club debe financiarse mediante adelantos por patrocinadores para equilibrar su situación financiera.
A medida que se acerca el final del año fiscal, Arosemena ha expresado su intención de implementar un reordenamiento financiero para iniciar 2027 con una base más sólida. Aunque los desafíos son significativos, la administración confía en poder revertir esta situación crítica.
