Un trágico accidente sacude a Trujillo
La ciudad de Trujillo se encuentra conmocionada tras el fallecimiento del vigilante Juan Martínez, quien perdió la vida después de ser atropellado por una conductora presuntamente ebria. El incidente ocurrió el pasado 3 de mayo en la urbanización Las Palmas del Golf, y desde entonces, las autoridades han tomado cartas en el asunto.
Este viernes 8 de mayo, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, representada por el fiscal Joan Balladares, solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión para Maricsa Polet Alfaro Cerna. La acusación ha sido recalificada, pasando de lesiones culposas a homicidio culposo tras confirmarse la muerte del vigilante.
Además, el fiscal ha pedido una reparación civil que asciende a S/ 329 280 para los familiares del fallecido, así como la inhabilitación definitiva para conducir vehículos por parte de Alfaro Cerna.
Las investigaciones revelaron que Maricsa Polet Alfaro Cerna conducía su camioneta con un nivel de alcohol en sangre que triplica el límite legal permitido, alcanzando 1.84 gramos por litro. También se constató que su licencia estaba vencida desde 2022. Estos factores han llevado a un aumento en las exigencias legales contra ella.
No obstante, este proceso judicial no ha estado exento de controversias. Recientemente, se denunció al fiscal Balladares por presunta omisión de funciones al no considerar adecuadamente los agravantes del caso. Esta situación ha generado críticas tanto entre los familiares de Martínez como entre figuras políticas locales.
A pesar de las graves acusaciones, Alfaro Cerna fue liberada tras 48 horas detenida, lo cual provocó indignación entre los allegados a la víctima. Con su muerte confirmada después de cinco días en cuidados intensivos debido a complicaciones severas como insuficiencia respiratoria profunda y lesión cerebral severa, los familiares han exigido justicia efectiva.
La Policía Nacional del Perú (PNP) también ha enfrentado críticas por su manejo inicial del caso. Se separaron a varios agentes que reportaron el incidente como una “caída” en lugar de un atropello. En respuesta a esta situación, el jefe regional policial Ricardo Espinoza Cuestas, ha ordenado una investigación administrativa sobre estos agentes implicados.
