Un enfoque integral contra la extorsión
En un contexto donde la extorsión se ha convertido en una amenaza creciente para los negocios y comunidades en Perú, Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, presentó una serie de propuestas durante el evento “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Su intervención destacó la necesidad urgente de implementar intervenciones focalizadas en rutas de transporte, mercados y barrios vulnerables.
Zevallos enfatizó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe liderar un sistema de intervención territorial que involucre a diversas entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público y los gobiernos locales. Según él, esta coordinación es esencial para asegurar que las decisiones operativas sean efectivas y no se queden solo en discusiones sin resultados concretos.
Uno de los puntos más destacados por Zevallos fue la necesidad de compartir información entre las instituciones involucradas. La falta de comunicación y colaboración ha sido un obstáculo significativo en la lucha contra el crimen organizado. Propuso que las fuerzas policiales puedan iniciar investigaciones basadas en inteligencia previa, sin esperar a que las víctimas presenten denuncias. Esta medida busca proteger a quienes temen represalias al reportar delitos.
Durante el panel posterior a su exposición, Carla Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú, compartió testimonios desgarradores sobre cómo la inseguridad ha afectado a más de 350 mil bodegas en el país. El 70% son dirigidas por mujeres que han tenido que invertir en medidas como cámaras y rejas para protegerse. “Ya no tenemos libertad para trabajar con tranquilidad”, afirmó Campos, resaltando cómo muchas han cerrado sus negocios o incluso emigrado debido a las amenazas constantes.
Diversos expertos presentes coincidieron en que es crucial crear espacios donde los pequeños negocios puedan participar activamente en las decisiones municipales relacionadas con seguridad. Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype, sugirió iniciativas como juntas vecinales adaptadas al comercio local para diseñar estrategias específicas contra la extorsión.
Zevallos también propuso establecer indicadores verificables y realizar informes periódicos sobre las intervenciones implementadas. Esto permitirá evaluar no solo el impacto sobre los territorios afectados sino también sobre las víctimas directas del delito. La idea es generar un marco claro que permita ajustar estrategias según sea necesario.
A medida que se intensifican los llamados a una respuesta más efectiva ante este problema social crítico, queda claro que tanto autoridades como ciudadanos deben trabajar juntos. Las propuestas presentadas ofrecen un camino hacia una mayor seguridad y protección para todos aquellos afectados por esta problemática.
