Un desafío recurrente
Con cada nuevo fenómeno de El Niño, Perú se enfrenta a un ciclo conocido que incluye estados de emergencia y movilización de recursos. Sin embargo, a pesar de ser el país que más invierte en la contención de desastres naturales en América Latina, los resultados son alarmantes. Este fenómeno climático ha dejado tras de sí un rastro devastador, con más de 65 mil damnificados y 99 vidas perdidas en el último evento.
Según datos del World Risk Index, Perú ocupa el tercer lugar en América Latina en cuanto a riesgo de desastres, solo superado por Colombia y México. A pesar de destinar un presupuesto considerable —US$18,98 por habitante entre 2014 y 2023— para su Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, la efectividad sigue siendo cuestionable. La mayor parte del gasto se destina a operaciones administrativas, dejando solo un 7% para inversiones concretas.
Uno de los mayores problemas radica en que más del 93% del gasto público relacionado con el cambio climático se utiliza para gastos corrientes. Esto contrasta notablemente con otros países como Colombia, donde el 100% se destina a proyectos físicos. Además, una cantidad significativa del presupuesto está estancada debido a obras heredadas del programa Reconstrucción con Cambios, diseñado tras el fenómeno El Niño anterior en 2017. Actualmente hay más de 202 obras paralizadas que carecen incluso del financiamiento necesario para avanzar.
A nivel regional, Perú muestra un rezago significativo en comparación con sus vecinos. Mientras países como Chile y Colombia han desarrollado sistemas robustos que combinan fondos públicos y seguros privados para emergencias, Perú depende casi exclusivamente del presupuesto anual y préstamos internacionales. Esta falta de mecanismos automáticos para liberar recursos pone al país en una situación vulnerable ante desastres naturales.
A medida que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirma la formación del fenómeno El Niño en el Pacífico ecuatorial, las alertas se elevan nuevamente. Con pronósticos que indican lluvias extremas entre enero y marzo del próximo año, es crucial que Perú no solo cuente con diagnósticos adecuados sino también con la capacidad efectiva para ejecutar planes preventivos.
A medida que nos acercamos a otro episodio potencialmente devastador causado por El Niño, queda claro que lo esencial no es cuánto gasta Perú en prevención sino cómo transforma esos recursos en acciones efectivas. La coordinación entre niveles gubernamentales y la finalización urgente de obras paralizadas son pasos críticos si se desea proteger a millones de peruanos expuestos a riesgos evitables.
