Un cambio significativo para los inmigrantes en Nueva York
A partir del 25 de agosto de 2026, una nueva legislación en Nueva York transformará la interacción entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta normativa, conocida como Local Cops, Local Crimes Act, busca limitar el uso de recursos públicos en la aplicación de leyes migratorias federales, ofreciendo un respiro a muchas familias inmigrantes que viven con temor ante las redadas y operativos federales.
La ley prohíbe que las agencias municipales, cuerpos policiales y ciertos centros correccionales mantengan acuerdos formales o informales con ICE para participar en la ejecución civil de normas migratorias. Esto significa que los oficiales locales no podrán actuar como agentes federales en asuntos migratorios, permitiendo que se concentren en su verdadera misión: garantizar la seguridad pública.
El objetivo es claro: proteger a los residentes sin involucrarlos directamente en políticas migratorias que generan incertidumbre. La fiscal general del estado ha subrayado que esta medida es un paso hacia una mayor confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.
Antes de la entrada en vigor de esta ley, varios organismos locales mantenían acuerdos bajo la sección 287(g) con ICE. Sin embargo, el estado ha notificado a estas entidades que deben finalizar dichos convenios antes del 25 de agosto. Hasta ahora, cinco han confirmado su intención de cumplir con esta exigencia, mientras que otras siete aún están pendientes.
Para muchas comunidades latinas en Nueva York —desde el Bronx hasta Long Island— este cambio legislativo representa una oportunidad para interactuar con la policía sin miedo a represalias por su estatus migratorio. La distinción entre cooperación en investigaciones penales y tareas relacionadas con inmigración civil podría influir significativamente en cómo los residentes perciben a sus cuerpos policiales.
No solo se limita la colaboración entre policías locales e ICE; también se establecen restricciones sobre cómo se pueden utilizar los fondos públicos para instalaciones privadas dedicadas a la detención migratoria. Las localidades deberán seguir un proceso público antes de aprobar cualquier proyecto relacionado con estos centros, lo cual incluye avisos anticipados y reuniones comunitarias para recibir comentarios.
Para asegurar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones, se ha creado el Office of Immigrant Trust (OIT), encargado de recibir denuncias sobre posibles infracciones y supervisar a las entidades involucradas. Este organismo será fundamental para mantener un equilibrio entre las necesidades comunitarias y las obligaciones legales estatales.
