Un panorama alarmante
En los últimos meses, la situación en Madre de Dios ha tomado un giro inquietante. Las operaciones policiales han revelado una red criminal que no solo se dedica a la minería ilegal, sino que también ha infiltrado instituciones del Estado, incluyendo el Ejército y el Ministerio Público. Este fenómeno ha desatado una serie de detenciones y operativos que han puesto al descubierto la magnitud del problema.
A inicios de julio, las autoridades arrestaron a 21 miembros de Los Guardianes de La Pampa, un grupo liderado por Edinson Fernández Pérez, conocido como “Chili”. Entre los detenidos se encontraban tres suboficiales del Ejército que supuestamente entrenaban a grupos armados para extorsionar y ofrecer protección a mineros ilegales. Durante esta operación, se incautaron más de S/329.600 en efectivo y armamento militar.
Poco después, otro golpe significativo fue la captura de Américo Oswaldo Bautista Yama, coordinador de la Fiscalía Ambiental (FEMA) en Madre de Dios. Su arresto se produjo tras descubrirse su vinculación con Eneyser Fernández Pérez, alias “Brayam”, líder de “Los Malditos del Oro”, quien ya cumple prisión preventiva por sus actividades ilícitas. Esta conexión entre criminales y funcionarios públicos pone en evidencia una red corrupta que dificulta aún más el combate contra la minería ilegal.
Las organizaciones criminales involucradas en este entramado generan anualmente más de 500 millones de soles. Sin embargo, los operativos realizados parecen ser solo un alivio temporal ante un problema mucho más profundo. Según expertos locales como Manuel Calloquispe Flores, estos grupos han extendido sus operaciones más allá de La Pampa hacia otras zonas mineras formales donde extorsionan a los concesionarios.
A medida que estas organizaciones luchan por el control territorial, se ha observado un incremento alarmante en los niveles de violencia. En lo que va del año 2026, se han registrado al menos 34 homicidios relacionados con estos conflictos; sin embargo, Calloquispe documentó 20 asesinatos solo entre mayo y julio debido a enfrentamientos entre facciones rivales.
Karina Garay, exfiscal medioambiental y vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), advierte sobre el crecimiento exponencial de estas bandas armadas dentro incluso de áreas protegidas como la Reserva Nacional Tambopata. Garay señala que estos grupos no solo amenazan a los mineros ilegales sino que también extienden su influencia sobre las operaciones legales mediante tácticas intimidatorias.
A pesar del esfuerzo policial por desmantelar estas redes criminales, queda claro que las acciones tomadas hasta ahora son insuficientes para erradicar este problema sistémico. La falta de control estatal permite que estas organizaciones continúen operando con impunidad mientras afectan tanto a comunidades locales como al medio ambiente.
