Una alianza controvertida
La llegada de FlixBus al mercado peruano ha generado un intenso debate en el sector del transporte interprovincial. La empresa alemana se ha asociado con Polo Minería y Proyectos S.A.C. (Pominpro), una firma local que opera rutas entre Lima y Trujillo, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la legalidad y la seguridad del nuevo modelo de negocio.
A pesar de que los pasajeros compran boletos bajo la marca FlixBus, el permiso para operar recae legalmente en Pominpro. Esto plantea interrogantes sobre quién asume las responsabilidades ante cualquier eventualidad durante el viaje. En este sentido, Faber Toro, gerente de Negocios de Pominpro, aclaró que su empresa es la única autorizada para prestar el servicio, mientras que FlixBus actúa como un socio comercial y tecnológico.
Aunque FlixBus asegura contar con protocolos robustos y un centro de crisis operativo las 24 horas, su modelo ha sido criticado por gremios como Cotrap-Apoip. El gerente general de esta asociación, Martín Ojeda, argumenta que permitir a FlixBus vender boletos sin ser propietario de los vehículos podría inducir a confusión entre los usuarios sobre quién controla realmente la operación diaria.
Pese a tener más de 100 infracciones registradas por parte de Pominpro, incluyendo una reciente por falta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), sus representantes defienden su trayectoria en el sector. Según Polo Pérez, representante de Pominpro, han operado durante 18 años sin accidentes incapacitantes significativos.
A medida que FlixBus se establece en Perú, expertos como Franklin Barreto, sugieren que esta alianza podría ser una oportunidad para mejorar la oferta actual del transporte interprovincial. Sin embargo, también advierten sobre los riesgos asociados con un modelo que no se alinea completamente con las normativas locales.
A medida que avanza esta controversia, queda claro que tanto FlixBus como Pominpro deberán trabajar juntos para garantizar no solo la viabilidad económica del proyecto sino también la seguridad y satisfacción del usuario final. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha reiterado su papel regulador en este nuevo escenario, enfatizando que cualquier actividad relacionada con el transporte debe cumplir estrictamente con las normativas vigentes.
