Una estafa que crece en las redes sociales
En un alarmante giro de los acontecimientos, la comunidad peruana se enfrenta a una creciente ola de estafas relacionadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A través de plataformas digitales, individuos inescrupulosos están prometiendo eliminar papeletas de infracción, engañando a los ciudadanos con ofertas tentadoras y métodos fraudulentos.
La investigación comenzó cuando se detectó una cuenta en redes sociales llamada “Trámites Online”, que ofrecía servicios para borrar infracciones. Al contactar al supuesto tramitador, identificado como Jorge Luis Ramírez Rodríguez, se ofreció eliminar 24 papeletas por S/500. Sin embargo, tras solicitar la anulación de solo dos papeletas recientes, el precio bajó a S/100.
A pesar del pago inicial de S/50, las papeletas no fueron eliminadas y el contacto dejó de responder. Una búsqueda posterior reveló que el DNI enviado pertenecía a un funcionario real del SAT, lo que levantó sospechas sobre la identidad del estafador.
Ramírez Rodríguez, quien trabaja en el SAT desde 2014, denunció haber sido víctima de suplantación. Relató cómo un ciudadano lo confrontó exigiendo la devolución del dinero por un servicio que nunca prestó. A pesar de invitar al afectado a formalizar la denuncia ante las autoridades, este decidió retirarse.
Un asesor consultado sobre la transacción confirmó que el código QR utilizado era en realidad un enlace disfrazado hacia una cuenta de IziPay. Este tipo de fraudes está proliferando debido a la falta de regulación y vigilancia en las plataformas digitales.
A pesar del reconocimiento por parte del SAT sobre la existencia de estos tramitadores informales alrededor de sus instalaciones, las acciones para erradicarlos parecen insuficientes. Wilfredo Calderón, vocero del SAT, enfatizó que ninguna papeleta puede ser anulada fuera de sus canales oficiales y exhortó a los ciudadanos a evitar caer en estas trampas.
La Municipalidad de Lima también ha reconocido esta problemática y está monitoreando activamente las zonas donde operan estos grupos fraudulentos. Sin embargo, muchos ciudadanos siguen cayendo en estas estafas debido a la falta de información clara sobre cómo proceder ante infracciones reales.
Expertos legales advierten que estas prácticas pueden constituir delitos graves con penas significativas. El abogado César Nakasaki Seminario indicó que las sanciones podrían llegar hasta cuatro años por tráfico de influencias o seis años si se trata de estafa agravada.
