Un panorama preocupante para la gestión del agua
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) de Perú se encuentra en una situación crítica, ya que el 83% de sus opiniones técnicas han sido emitidas fuera del plazo legal. Esta alarmante cifra pone de manifiesto las deficiencias en la gestión de esta entidad, que debería ser la autoridad técnica principal sobre los recursos hídricos del país.
Las demoras en las opiniones técnicas no solo afectan a la ANA, sino que también tienen repercusiones significativas en grandes proyectos de inversión. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) depende de estas opiniones para evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Sin una respuesta oportuna por parte de la ANA, el Senace no puede concluir sus evaluaciones, lo que retrasa proyectos vitales para el desarrollo económico del país.
Desde 2017 hasta marzo de 2026, se ha observado que los retrasos promedian 20 días hábiles, con cifras aún más preocupantes en sectores específicos: 36 días para minería y 33 días para electricidad. Esto significa que los proyectos mineros enfrentan demoras casi 1.8 veces mayores que el promedio general.
A medida que estos retrasos se acumulan, también lo hacen los costos asociados al desarrollo. Según datos recientes, entre 2023 y 2025, hay 28 proyectos privados, principalmente en minería, cuyo valor supera los $25 mil millones. La falta de eficiencia en la ANA está elevando significativamente estos costos y restando predictibilidad a las inversiones.
Dada esta crisis administrativa, es imperativo que el gobierno inicie un proceso efectivo de reorganización dentro de la ANA. Se requiere fortalecer sus capacidades técnicas y territoriales, mejorar la información disponible y unificar criterios evaluativos. En un contexto donde Perú enfrenta alta variabilidad climática y episodios recurrentes como el Fenómeno El Niño Costero, es crucial acelerar la planificación por cuencas y reforzar la coordinación con gobiernos subnacionales.
Afrontar estos desafíos no solo es vital para garantizar un uso eficiente del agua sino también para prevenir riesgos ambientales futuros. Una ANA reformada podría convertirse en un pilar fundamental para asegurar inversiones sostenibles y proteger uno de los recursos más valiosos del país: el agua.
