Un caso que genera debate
La reciente denuncia contra Pamela Almenara, una bachiller en psicología, ha desatado un intenso debate sobre el manejo de crisis en niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA). La acusación proviene de la madre del menor, Carol Vásquez, quien afirma que Almenara agredió físicamente a su hijo durante una sesión de terapia en su hogar ubicado en el distrito de Surco.
En una entrevista concedida a RPP Noticias, Almenara negó las acusaciones y argumentó que sus acciones eran parte de un método para controlar las crisis del menor. Según ella, estas crisis son frecuentes y pueden ser bastante intensas. «Lo que estoy haciendo es defenderme ante las agresiones del menor», afirmó, añadiendo que no era la primera vez que enfrentaba situaciones similares.
El incidente fue grabado por cámaras de seguridad instaladas en la vivienda. Almenara explicó que estaba consciente de ser filmada y que sus acciones estaban motivadas por el deseo de ayudar al niño. Aseguró que el contacto físico registrado en el video no debe interpretarse como una agresión grave, sino como un intento de evitar que el niño entrara en una crisis más severa.
A pesar de sus explicaciones, la madre del menor sostiene que las imágenes evidencian un trato inadecuado. En los videos se observa cómo Almenara golpea la mano del niño, lo cual provoca su alteración y posterior caída al suelo. Esta situación ha llevado a Vásquez a presentar una denuncia formal ante las autoridades para investigar el caso.
Este caso plantea importantes preguntas sobre los métodos utilizados por profesionales al tratar con niños con TEA. La comunidad educativa y psicológica está dividida; algunos apoyan a Almenara argumentando que cada niño es diferente y requiere enfoques personalizados, mientras otros critican cualquier forma de contacto físico como inadecuada e innecesaria.
A medida que se desarrolla esta controversia, es crucial reflexionar sobre cómo se manejan estas situaciones delicadas y qué protocolos deben seguirse para garantizar tanto la seguridad del menor como el bienestar emocional del profesional involucrado. Este incidente podría servir como catalizador para revisar prácticas actuales y establecer normativas más claras en el tratamiento terapéutico infantil.
