Un ataque mortal en Colcabamba
El 25 de abril, la tranquila localidad de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja, Huancavelica, se convirtió en escenario de una tragedia sin precedentes. Un operativo militar resultó en la muerte de cinco personas, y los informes forenses han desvelado datos alarmantes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
Según el informe emitido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, uno de los fallecidos, Nilsón Eduardo Montenegro Valencia, recibió 51 impactos de bala. Este dato pone en tela de juicio las acciones del personal militar involucrado. Otros cuatro hombres también fueron alcanzados: Cristian Vilcatoma Águila con 16 disparos; Wilder Romero Sevipaucar con 12; William Núñez Soto con ocho; y Jaime Bendezú Paraguay con tres.
La fiscal provincial Zina Romero Chávez ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los ocho soldados que formaban parte del operativo. Las investigaciones iniciales sugieren que el ataque fue unidireccional y no respondía a ninguna amenaza real o inminente.
A pesar del despliegue militar y el uso indiscriminado de armas automáticas, las inspecciones posteriores al incidente revelaron que no había armas ni drogas dentro del vehículo donde viajaban las víctimas. Solo se encontraron rastros mínimos que podrían indicar el uso previo de estupefacientes.
Uno de los tres sobrevivientes del ataque, Ricardo Jamier Acuña Quispe, relató su experiencia aterradora. Según su testimonio, al acercarse a un grupo militar en la carretera, el conductor del vehículo aceleró al escuchar disparos. En un acto desesperado, Acuña se lanzó desde la camioneta y logró escapar hacia un río cercano para ocultarse entre las rocas.
Este trágico evento ha generado una ola de indignación entre los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos. La comunidad exige respuestas claras sobre lo sucedido y una revisión exhaustiva del protocolo utilizado por las Fuerzas Armadas durante operaciones similares. La falta de justificación para el uso letal podría tener repercusiones significativas para aquellos responsables.
