Un crimen que sacude a la comunidad ashéninka
El pasado 23 de agosto, el asesinato de Américo Pascual Tomisha, un destacado líder ashéninka y coordinador de vigilancia de la comunidad Onconashari, ha generado una ola de indignación y preocupación en Perú. Este trágico suceso ocurrió mientras Tomisha realizaba labores de monitoreo territorial en su comunidad, ubicada en el distrito de Yurúa, región Ucayali.
Según informes de la organización indígena regional Aidesep Ucayali-ORAU, Tomisha, quien tenía 57 años y había sido ex jefe de la comunidad nativa Onconashari, se encontró con individuos ajenos a su territorio que aparentemente estaban involucrados en actividades ilegales relacionadas con la extracción de aceite de copaiba. En medio del enfrentamiento que se produjo, el líder indígena recibió múltiples disparos que le costaron la vida.
La conmoción por este crimen ha llevado a Aidesep a exigir al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables. Además, han solicitado medidas urgentes para proteger a otros defensores indígenas que podrían estar en riesgo debido al aumento de violencia en sus territorios.
Aidesep también destacó que Américo Pascual Tomisha ya había denunciado previamente la presencia sospechosa de colonos y otros actores externos dentro del territorio comunal. Esta situación había generado un clima creciente de tensión y riesgo para los líderes indígenas. La organización expresó sus condolencias no solo a la familia del fallecido sino también al pueblo ashéninka en general, enfatizando que esta pérdida es irreparable.
La senadora Ruth Luque, al enterarse del asesinato, utilizó sus redes sociales para hacer eco del llamado urgente realizado por ORAU. En su mensaje, instó al gobierno liderado por Keiko Fujimori a tomar acciones decisivas frente a lo que describió como una creciente inseguridad en los territorios indígenas y una alarmante serie de asesinatos dirigidos contra líderes comunitarios.
Lamentablemente, este caso no es aislado. Desde 2020, más de 30 dirigentes indígenas han sido asesinados en Perú, muchos relacionados con actividades ilícitas como tala ilegal, minería clandestina y narcotráfico. Las regiones más afectadas incluyen Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios. La situación plantea serias preguntas sobre el compromiso del Estado peruano para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad en estas comunidades vulnerables.
