Una oportunidad única para los conductores
En un movimiento sorprendente, el Gobierno ha oficializado el Decreto Supremo N° 017-2026-MTC, que introduce un régimen excepcional que permite a los conductores y empresas de transporte reducir el costo de sus papeletas de infracción en un asombroso 90%. Este beneficio se extiende tanto al transporte público como privado, abarcando todas las multas impuestas bajo la normativa vigente.
A partir del 25 de agosto de 2026, todos los conductores que tengan papeletas pendientes podrán acogerse a esta amnistía. Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, este descuento se aplica a las multas impuestas por diversas normativas, incluyendo las reguladas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y otras municipalidades. Sin embargo, es importante destacar que las infracciones consideradas muy graves, como conducir en estado de ebriedad o causar accidentes, quedan excluidas del beneficio.
Los interesados deben estar atentos a los plazos establecidos para solicitar este descuento. Las multas por infracciones de tránsito tienen un plazo de vigencia de 90 días calendario, mientras que las relacionadas con el transporte cuentan con 180 días calendario. Para beneficiarse del descuento, las multas deben estar en alguna fase administrativa o judicial, ya sea pendientes o en ejecución coactiva.
No todas las infracciones son elegibles para este programa. Las sanciones más severas están completamente excluidas. Esto incluye códigos específicos del Reglamento Nacional de Tránsito y Administración de Transporte relacionados con la conducción bajo efectos del alcohol y agresiones a inspectores. Además, si una multa ya ha sido parcialmente pagada, la reducción se aplicará solo sobre el saldo pendiente.
Aquellos que deseen aprovechar esta oportunidad deberán formalizar su desistimiento si han impugnado previamente la multa. Esto implica presentar documentación ante la entidad correspondiente o ante el Poder Judicial si es necesario. El proceso es voluntario y culmina con el pago reducido ante la autoridad competente.
No solo se trata de una reducción económica significativa; además, las multas canceladas bajo este régimen no generarán acumulación de puntos en la licencia ni afectarán futuras evaluaciones sobre reincidencia. Esta medida busca aliviar la carga financiera sobre los conductores y fomentar una mayor regularización dentro del sector transporte.
