Un nuevo capítulo en la contienda electoral
A tan solo dos semanas de la crucial segunda vuelta presidencial en Perú, el candidato Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, ha decidido presentar un nuevo recurso legal que busca anular los votos emitidos por los peruanos en el extranjero. Esta medida se produce tras una primera vuelta donde su oponente, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, logró captar más del 63% de los sufragios válidos en esas circunscripciones.
La iniciativa ha sido rápidamente criticada por abogados especializados en derecho electoral, quienes la califican como extemporánea y carente de fundamento. Según estos expertos, el objetivo aparente del recurso es dilatar la proclamación oficial de los resultados electorales. En este sentido, Silvia Guevara, abogada experta en derecho electoral, subrayó que esta solicitud no tiene viabilidad jurídica ya que se encuentra fuera del plazo establecido para tales acciones.
Sánchez defendió su posición argumentando que las modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo respecto al traslado físico de las actas electorales desde las oficinas consulares a Lima han afectado gravemente la integridad del proceso electoral. Sin embargo, sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo tanto por sus adversarios políticos como por analistas legales.
A pesar de las críticas, Sánchez ha manifestado su intención de seguir adelante con este recurso y espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoque a una audiencia para evaluar su solicitud. En redes sociales, anunció formalmente la presentación del documento solicitando la nulidad “de oficio” para las elecciones realizadas en 119 oficinas consulares.
No obstante, Fujimori ha respondido a estas acciones afirmando que caen en saco roto dado que el JNE ya había desestimado peticiones similares previamente. La ex candidata presidencial enfatizó que no hay evidencia concreta para respaldar las acusaciones de fraude planteadas por Juntos por el Perú.
El clima político actual está marcado por tensiones y acusaciones mutuas entre los partidos contendientes. Expertos como José Manuel Villalobos, también abogado especializado en derecho electoral, han señalado que lo presentado por Juntos por el Perú parece más un intento desesperado para mantener viva una narrativa sobre un supuesto fraude electoral sin pruebas concretas.
A medida que se acerca la fecha decisiva del 4 de julio, muchos observadores se preguntan si estas maniobras políticas tendrán algún impacto real o si simplemente servirán para exacerbar aún más las divisiones dentro del electorado peruano. La situación plantea interrogantes sobre cómo se desarrollará este proceso electoral y qué consecuencias podría tener sobre la confianza pública en las instituciones democráticas del país.
