Un debate candente en el Congreso
En un reciente debate técnico entre los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, las acusaciones volaron cuando Ernesto Zunini, virtual diputado de Juntos por el Perú, cuestionó la postura de Roberto Sánchez, actual congresista y candidato presidencial de su partido. Zunini afirmó que Sánchez no solo no había respaldado las controvertidas leyes conocidas como ‘procrimen’, sino que tampoco las defendió durante la campaña electoral.
En respuesta a estas afirmaciones, Roberto Sánchez se ha visto obligado a aclarar su posición. Durante el debate, Zunini enfatizó: “No hemos votado por las leyes procrimen ni las defendemos en la campaña”, refiriéndose a una polémica que ha marcado la agenda política del país. Sin embargo, los registros indican que Sánchez sí respaldó ciertas medidas legislativas que han sido catalogadas como procrimen.
Sánchez ha sido un actor clave en varias iniciativas relacionadas con la minería informal e ilegal. En particular, fue coautor de la Ley 31989, que derogó una disposición del Decreto Legislativo 1607 permitiendo a la Policía Nacional intervenir en actividades mineras ilegales. Esta ley fue aprobada en marzo de 2024 y recibió el respaldo tanto en su primera votación como en la exoneración para una segunda votación.
A pesar de esto, es importante señalar que también ha votado en contra o se ha abstenido respecto a otras normas consideradas problemáticas. Esto genera confusión entre sus electores y adversarios políticos sobre cuál es realmente su postura frente a estas leyes.
Por otro lado, Fuerza Popular ha mantenido una línea clara al apoyar estas leyes controvertidas. La candidata presidencial Keiko Fujimori incluso desestimó las críticas hacia estas normativas durante una reciente entrevista, afirmando que no cree en “la narrativa” sobre ellas. Esto pone aún más presión sobre Roberto Sánchez y su partido para definir claramente sus posiciones ante un electorado cada vez más exigente.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, los candidatos deben ser transparentes acerca de sus intenciones políticas. Según informes recientes, Roberto Sánchez ha firmado múltiples proyectos destinados a favorecer la minería informal e ilegal; algunos incluso extienden la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2030. Estas acciones podrían tener repercusiones significativas si no son abordadas adecuadamente durante su campaña.
