Un dilema constitucional en el horizonte
En el contexto político actual, la discusión sobre la modificación de la Constitución se ha intensificado, especialmente con las recientes declaraciones del candidato presidencial Roberto Sánchez. Su propuesta de cambiar la Constitución ha generado un amplio debate sobre los riesgos y beneficios que esto podría acarrear para el futuro del país.
Sánchez plantea que existen dos maneras de abordar un cambio constitucional: deshacerse completamente del texto actual o realizar modificaciones a través de los mecanismos establecidos. Sin embargo, su enfoque ha sido criticado por muchos analistas que argumentan que esta idea podría ser más perjudicial que beneficiosa.
Desde 2016, el panorama político ha estado marcado por una lucha constante entre fuerzas fujimoristas y antifujimoristas, lo que ha llevado a un desprestigio generalizado del Congreso y sus decisiones. En este contexto, algunos expertos advierten que una nueva Constitución podría abrir las puertas a ideologías extremas, como las propuestas por figuras controvertidas como Antauro Humala.
Sánchez asegura que su intención no es asociarse con Humala ni con sus ideas radicales. Sin embargo, surge la pregunta: si se convocara una asamblea constituyente, ¿cómo garantizaría que no se incluyeran representantes con posturas extremas? La posibilidad de ver resurgir propuestas como la pena de muerte genera inquietud entre sectores moderados.
La democracia va más allá del simple acto electoral; implica establecer límites claros al poder gubernamental mediante leyes universales y estables. La propuesta de Sánchez es vista por algunos críticos como un ataque directo al orden constitucional vigente. Argumentan que cambiar toda la Constitución sin un análisis profundo podría llevar a un caos legislativo donde los errores pasados se repitan.
A pesar de las deficiencias en los Congresos anteriores, muchos sostienen que la reforma gradual sigue siendo el camino más democrático y menos arbitrario para lograr cambios necesarios. La experiencia acumulada en años pasados no debe ser desechada; cada artículo modificado debe ser evaluado cuidadosamente para evitar repetir errores históricos.
En conclusión, mientras Roberto Sánchez promueve su visión de cambio constitucional, es fundamental considerar las implicaciones a largo plazo y asegurar que cualquier modificación respete los principios democráticos fundamentales.
